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VOX en el Consell lamenta que la vuelta de Valtònyc no sea para entrar en prisión y luchará para evitar que reciba fondos públicos

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Valtònyic, a su llegada a Palma.
Valtònyic, a su llegada a Palma.
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VOX en el Consell, presentará una moción para evitar destinar fondos públicos de la Institución, y organismos autónomos que deriven en posibles contrataciones del rapero Valtònyc.

El grupo de consejeros de Vox en el Consell de Mallorca, presentará en el Pleno del próximo jueves 9 de noviembre, una moción en la que insta al equipo de Gobierno a evitar destinar fondos públicos de la Institución y organismos autónomos que deriven en posibles contrataciones del rapero Valtònyc.

Como ya ha declarado públicamente, el Grupo Vox lamenta que la vuelta de Valtònyc, no sea para entrar en prisión y cumplir su condena. Del mismo modo el portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili, ha lamentado las declaraciones de Grupos políticos con representación en el Consell, aludiendo a un supuesto sistema represivo español, y la baja calidad democrática del estado español.

Valtònyc, nombre artístico por el que se conoce a Josep Miquel Arenas Beltrán, es un rapero mallorquín de marcada ideología “anticapitalista, republicana y antifascista”. En febrero de 2017 fue condenado por la Audiencia Nacional a 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves al rey, y amenazas al diputado nacional de VOX, Jorge Campos Asensi. La sentencia fue ratificada por el TS en febrero de 2018.

Sin embargo, el citado rapero, con el fin de eludir la prisión se fugó a Bélgica donde ha residido desde entonces hasta su regreso el pasado día 29 de octubre, una vez prescrita la pena de prisión por la que fue condenado.

Debemos recordar que Valtònyc será juzgado en noviembre en Sevilla por animar a su público a matar a un Guardia Civil. La vista oral se celebrará el 21 de noviembre en la Sección Séptima de la Audiencia sevillana. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel, y una multa de 3.600 euros por el presunto delito de provocación, y tres años si se estima el de amenazas agravadas.

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