El Consell de Mallorca subvencionará con 43 millones de euros el sistema de gestión de residuos para congelar la tarifa de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en 114,95 euros por tonelada para 2024, la misma que este año –114,95 euros/tonelada–.
Así lo ha anunciado este jueves el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, en una rueda de prensa en la que ha aclarado que, sin esta subvención, la tarifa se quedaría en 225,78 euros por tonelada.
Esta tarifa es la que propuso este pasado agosto la empresa concesionaria del servicio y, según ha explicado el presidente, “se inyectarán 43 millones de euros para que esa subida no sea una realidad”.
Según ha reivindicado, el Consell “no puede permitir que los ciudadanos tengan que pagar el doble por la irresponsabilidad del anterior Ejecutivo”. Así, el presidente insular ha lamentado la “política irresponsable” y “de tierra quemada”, puesto que el anterior gobierno aprobó una tarifa en 2023 “totalmente irreal” y lo hicieron “plenamente conscientes”.
De este modo, la institución insular destinará por una parte 11 millones de euros que ha avanzado el Govern en concepto de los anticipos y, por otro lado, se realizará una modificación de crédito de 32 millones de euros. La empresa concesionaria aportará también 5,1 millones de euros a la cuantía del Consell.
El vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha reafirmado el compromiso del Consell con los mallorquines “para que no tengan que pagar por una gestión irresponsable”. También ha agradecido al departamento de Residuos, que ha trabajado “día a día desde agosto sin parar”.
Por su parte, la directora insular de Residuos, Margalida Roig, ha constatado que se han encontrado con una “situación extraordinaria” puesto que la tarifa oscila entre un 30 o 50 por ciento, pero “nunca” se había propuesto una subida de cerca del 100 por ciento.
Igualmente, Roig ha criticado la gestión del antiguo gobierno insular puesto que “ya sabían en abril que habría déficit” en esta cuestión y que en su departamento “no han visto ni una medida encaminada para solucionarlo”. Además, ha lamentado que el nuevo departamento de Residuos “no ha tenido margen de maniobra”.
Según ha contextualizado, para fijar la tarifa RSU entran en juego distintas variables y se regulariza la tarifa del año tarifario anterior –que va del 1 de junio al 31 de mayo–. Así pues, ha explicado que el Ministerio de Transición Económica ya no subvenciona las energías renovables generadas de la incineración y que la tarifa también está sujeta al Euríbor y al IPC.
La tarifa real de la que se partía en 2023 era de 138 euros, si bien se estableció en 114 euros por tonelada de “manera artificial, sin atender a las previsiones, que ya indicaban una subida importante del Euríbor y un descenso considerable de los ingresos por venta de energía”.
Por ello, Roig ha indicado que, una vez finalizado el año tarifario, al regularizar la tarifa, ésta sube a 166 euros por tonelada, a lo que se le tiene que añadir las previsiones de futuro de la concesionaria, que determinan una tarifa de 225 euros por tonelada.
En esta línea, ha asegurado que “el único dato que se ha mantenido” es la entrada de toneladas en el sistema. Así, se han recogido un total de 499.000 toneladas, 23.000 más que el año anterior.
La directora insular ha hecho hincapié en que su departamento “está trabajando para afrontar la situación y que no vuelva a pasar lo mismo”. Así pues, uno de los objetivos es reunirse con el Ministerio, una vez constituido el Gobierno, “para saber porqué una subvención que fomenta la energía renovable está castigada”.
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