El PP ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) por la que insta a actualizar, en el ejercicio 2024, las indemnizaciones por residencia del personal en activo del sector público estatal destinado en Baleares.

Para ello, los ‘populares’ han solicitado que se proceda a la modificación de las cuantías con objeto de adaptarlas a la realidad actual mediante la dotación presupuestaria correspondiente que, como mínimo, deberá ser de 18 millones de euros adicionales a los que se reconozcan para 2024.

En esta línea, han reclamado también que se realicen las modificaciones presupuestarias que sean pertinentes a los efectos de lo anterior.

En su exposición de motivos, el PP hace referencia a que los costes de la insularidad que sufren los ciudadanos de las Islas son “muy superiores a los que a fecha de hoy reconoce el Estado”.

Así, mencionan un dictamen de la Universitat de les Illes Balears (UIB) de 2014 y ampliado en 2016 que viene a señalar una mayor carestía de la cesta de bienes de consumo que lleva a un menor consumo de bienes y servicios por el sobrecoste de la importación derivado de la insularidad, equivalente a un efecto arancel ‘ad valorem’ de entre el 13 y el 17 por ciento.

También apunta, según los ‘populares’, a mayores costes de producción de las empresas que importan consumos intermedios que equivale a un efecto arancel ‘ad valorem’ de entre un 27 y un 35 por ciento; mayores costes de adquisición de bienes de capital que equivale a un efecto arancel ‘ad valorem’ de entre el 19 y el 24 por ciento, y mayores costes de acceso a los mercados que dificultan la exportación que tiene un efecto equivalente al de un arancel ‘ad valorem’ de entre un 74 y el 100 por ciento.

Igualmente, recuerdan que desde diciembre de 2020 el IPC en Baleares acumula una subida del 17 por ciento, ocho décimas por encima de la media nacional.

“No sólo se produce en Baleares una mayor carestía de la cesta de los bienes de consumo y servicios derivado de los efectos de los mayores costes de la insularidad, sino que también en los últimos años se ha producido un encarecimiento muy agudo de los precios del mercado inmobiliario”, argumentan desde el PP.

Así, sostienen que estos precedentes hacen que la provisión de plazas de empleados del sector público estatal en las Islas se vea dificultada por los costes crecientes derivados de la insularidad, a la vez que aluden a un progresivo proceso de “desertización” de las plazas del sector público estatal y la calidad de los servicios públicos que presta el Estado en Baleares, que “ha sufrido un deterioro considerable”.

“Prácticamente ninguno de los servicios públicos que presta el Estado en Baleares se realiza en condiciones de normalidad”, sentencian.

Por todo ello, el PP ve necesario favorecer la permanencia de estos empelados públicos en los que, como sucede en Baleares, se detecta una mayor dificultad para la cobertura de vacantes, de tal forma que con la actualización de estas cuantías se consiga mantener un mayor grado de ocupación de los puestos de trabajo, además de compensar mejor la distancia de dichos territorios y, en especial, de las islas menores del archipiélago.

Los ‘populares’ recuerdan también que el personal al servicio del sector público estatal en Baleares ascendía en 2019 a 9.473 efectivos y que, en conjunto, la cantidad destinada a indemnización por residencia en dicho ejercicio fue de 8.481.272,06 euros; es decir, de media supone para cada efectivo 74,61 euros mensuales.

“Es evidente que una correcta actualización de este concepto retributivo no supone para las arcas del Estado ningún descalabro”, alegan desde el PP.

Igualmente, mencionan el RDL 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se autorizaba la actualización de las cuantías de la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal en Baleares y en las ciudades de Ceuta y Melilla, la última vez que el Gobierno de la nación procedió al estudio y actualización de la indemnización por residencia.

Por ende, han transcurrido 17 años desde el anterior estudio y actualización de la indemnización por residencia de los empleados del sector público estatal en activo en Baleares, “razón por la cual las cuantías de la indemnización han quedado totalmente desfasadas, motivo que se añade para proceder a un nuevo estudio de actualización que adecue las cuantías de dicha indemnización a la realidad”, concluyen.