El pleno del Ayuntamiento de Palma de este jueves ha aprobado que se puedan adquirir e intercambiar plazas turísticas en edificios Bien de Interés Cultural (BIC) o catalogados.
Con los votos a favor de PP y Vox se ha aprobado, en el que ha sido primer pleno del año, dejar sin efecto el acuerdo del pleno municipal de julio de 2022 relativo a la aplicación de la Ley 3/2022, de 15 de junio. Éste, aprobado en la anterior legislatura, prohibía que se implantaran plazas turísticas en edificios BIC o catalogados.
Por tanto, ahora, la derogación de esta medida, según calculan, podría afectar a medio centenar de plazas.
Desde la oposición han mostrado su rechazo a la posibilidad de adquirir e intercambiar plazas turísticas puesto que “supondrá más turismo cuando la ciudad ya está masificada”, según ha apuntado la portavoz de MÉS per Palma, Neus Truyol.
Asimismo, han reprochado al equipo de gobierno que no haya “ningún informe técnico” que lo avale y que incluso el Consell de Mallorca no vea “positivo” este acuerdo positivo, han subrayado las regidoras de PSOE Palma, Rosario Sánchez, y de Unidas Podemos, Lucía Muñoz.
En esta línea, PSOE, Més per Palma y Unidas Podemos han coincidido en que la medida responde a intereses particulares “con nombre y apellido” y no al interés general de los ciudadanos.
El regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, ha respondido a las críticas de la oposición alegando que los “precursores” de los hoteles ’boutique’ son los grupos municipales que gobernaban en la anterior legislatura.
Por su parte, el portavoz de Vox en el Consistorio, Fulgencio Coll, ha destacado que es “importante” que haya “equilibro” entre las viviendas y los hoteles. Asimismo, se ha dirigido a la izquierda para remarcar que “si creen que faltan casas”, tuvieron “ocho años para hacerlas”.
La Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma ha intervenido en el pleno, reclamando que el centro de la ciudad no se convierta en “un polígono con escasa vida ciudadana al servicio del turismo”. Igualmente, han cuestionado si se trata de una “ocurrencia empresarial” en lugar de responder a las necesidades de los ciudadanos.
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