Koldo García informó a Cueto de que “el asunto del expediente de Baleares estaba ‘más que hecho'”
El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia cree que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió en enero con su exasesor Koldo García en una marisquería de Madrid para abordar la reclamación de Baleares por el expediente de las mascarillas.
En un auto del pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Ismael Moreno señala al exministro de Transportes José Luis Ábalos como “intermediario” de la presunta trama.
En el auto se autorizaban una serie de intervenciones telefónicas a los investigados. “La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo”, apunta.
De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Al señalar a Ábalos, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. “Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial”, precisa.
Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión “tiene un especial interés para los hechos investigados” habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto ‘cerebro’ de la trama, y Koldo.
Según se desprende de la investigación, en dicha llamada “Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero”.
LA RECLAMACIÓN DE BALEARES
“De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente -cuando se reúne con Ábalos- era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión”, añade el juez.
En el marco de la resolución, el instructor de la Audiencia Nacional destaca las conversaciones intervenidas del 29 y 30 de noviembre de 2023 en las que “se infiere que Koldo había tenido acceso a las alegaciones formuladas por Soluciones de Gestión al expediente administrativo iniciado por la Administración Balear de las que habría dado traslado a terceras personas para que las revisaran”.
“Se han observado numerosas conversaciones telefónicas a través de las que se aprecia un cambio de enfoque en Soluciones, en el caso de que por parte la administración balear se produjese un silencio administrativo a su recurso planteado en el seno de la reclamación efectuada”, añade.
Al hilo, el juez subraya una serie de llamadas previas que tuvieron lugar en diciembre. Según detalla en su auto, el día 2 “Cueto consiguió contactar con Koldo, el cual le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y ‘Alberto’ al día siguiente. En esa conversación, Koldo afirmó que había comentado este asunto al ‘ex ministerio donde yo trabajaba antes’, habiendo obtenido como respuesta que este asunto no tiene recorrido jurídico ninguno”.
Este mismo jueves, el diputado del PP Miguel Tellado ha negado públicamente haberse reunido con los investigados del denominado ‘caso Koldo’.
A la llamada del día 2 se suman una del 7 y otra del 14 de diciembre. En la primera conversación Koldo le decía a Cueto que todo iba “por buen camino”. En la segunda, le informaba que “el asunto del expediente de Baleares estaba ‘más que hecho'”, según recoge el juez en su auto.
OFRECIERON POR TELÉFONO UN PEDIDO QUE IBA PARA OTRA ADMINISTRACIÓN
La reclamación balear deriva de un contrato de 3,7 millones de euros entre la empresa y el IbSalut de abril de 2020. Como expuso este miércoles el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, un representante de la empresa ofreció al Govern por teléfono el envío del cargamento de mascarillas, un pedido que al parecer iba destinado a otra administración que por circunstancias que se desconocen no se las quedó.
Asimismo, antes de aquel correo electrónico hubo una conversación telefónica, aunque los actuales responsables del servicio desconocen entre quiénes y en qué circunstancias. Además, el director del IbSalut lanzaba que “cuando ofrecen el cargamento del avión, o está saliendo o está ya en el aire, porque llega en horas a Baleares vía Madrid”.
El cargamento, 1,4 millones de mascarillas en 1.329 cajas, se recibió el 27 de abril. Fue en junio que se recibieron los resultados de los análisis al material recibido comprobando que no cumplía los requisitos de una mascarilla FFP2.
A pesar de ello, el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, el IbSalut emitió un certificado de conformidad constatando que el contrato se había ejecutado “correcta y satisfactoriamente” sin que se hubiera producido “ninguna incidencia”.
Este documento es el principal escollo que ven los actuales responsables del Ibsalut para que la reclamación pueda prosperar, sumado al hecho de que el Ejecutivo anterior tardara tres años en iniciar las primeras gestiones para exigir una compensación.
De hecho, Ureña llamó la atención sobre la ausencia de movimientos pese a que en 2022 la Guardia Civil y la Fiscalía ya requirieron el expediente dentro de una investigación. Meses después, en marzo de 2023, Manuel Palomino –como director general del IbSalut tras la salida de Juli Fuster– dirigió un apercibimiento a la empresa anunciando medidas, aunque el documento tiene un valor meramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.
El Govern sostiene que la reclamación se materializa el 24 de agosto de 2023 con una resolución parcial de contrato. Actualmente el expediente está en fase de resolución de alegaciones, según el IbSalut.
En este sentido, desde el IbSalut han asegurado que la reclamación sigue plenamente vigente, a pesar de que en un auto recogiendo las tesis de Fiscalía Anticorrupción se especulaba con la posibilidad de que hubiera caducado en enero. Aquella conclusión se basa en conversaciones entre los imputados, que para los investigadores sugieren que García pudo maniobrar para intentar frenar la reclamación.
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