PSIB y MÉS per Mallorca han anunciado este miércoles que emprenderán acciones legales si finalmente la amnistía urbanística que propone el Govern a través del decreto de simplificación administrativa, cuya aprobación tendrá lugar próximamente.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles en el Parlament, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, se ha referido a la posibilidad de que la futura norma amnistíe expedientes ilegales en suelo rústico que han prescrito y ha avanzado que se impulsarán “todas las medidas legales oportunas” porque puede ser inconstitucional y chocar con normativa europea.
El socialista ha asegurado que es “peligroso” lanzar estos mensajes a la ciudadanía en el contexto de un territorio frágil como el archipiélago. “Se pide a la ciudadanía que se duche cada dos días para ahorrar agua mientras a los poderosos se les permite depredar el territorio”, ha afirmado.
En términos similares se ha pronunciado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha lamentado que la administración ” se ría de la gente que cumple la normativa mientras se beneficia al infractor”.
El ecosoberanista ha ironizado afirmando que la próxima campaña de promoción turística podría tener como lema “venga y construya, que el PP cuando gobierne se lo arreglará”.
En concreto, MÉS ha adelantado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad si la amnistía en rústico es aprobada por vulneración de la normativa y de la igualdad de las personas ante la ley. Apesteguia ha defendido igualmente la necesidad de un replanteamiento hacia el suelo rústico y devolverlo a aquellos usos que le son propios como los agrícolas y ganaderos.
El ecosoberanista ha alertado de que el Govern, a su parecer, abusa de la figura del decreto ley para saltarse el procedimiento de una ley porque “saben que ningún jurista daría su aval a la amnistía en rústico”.
Apesteguia se ha preguntado qué urgencia tiene legalizar obras que se han hecho saltándose la normativa y el planeamiento urbanístico y qué sentido tiene que los ayuntamientos y los consells insulares aprueben normativa urbanística.
Sobre esta cuestión, Josep Castells (Més per Menorca) ha calificado la iniciativa como “inaceptable” admitiendo que la simplificación administrativa “está bien”, pero que no se puede aprovechar para “premiar a infractores”.
En la misma línea, la portavoz de Unidas Podemos (UP), Cristina Gómez, ha lamentado que “este es el urbanismo del PP”, que impulsa medidas “con nombres y apellidos”.
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