Un guardia civil ha defendido este miércoles, ante la Audiencia Provincial, la investigación sobre presuntos sobornos a policías por parte de un empresario de la Playa de Palma, subrayando que se tomaron “muchísimas declaraciones” que apuntaban a “personas concretas” dentro de la Policía Local.
El agente ha comparecido como testigo en el que ha sido la sexta sesión del juicio del caso Playa de Palma, una de las piezas en las que se dividió la investigación sobre la supuesta corrupción en la Policía Local de Palma. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau pide para todos los procesados penas de prisión que alcanzan los 50 años por varios delitos de prevaricación administrativa y cohecho.
En el banquillo se sientan nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y un empresario del ocio nocturno, Miguel Pascual, acusados de formar una trama para beneficiar a los locales propiedad de éste último en el Arenal, supuestamente a cambio de servicios sexuales y trato preferente.
El agente de la Guardia Civil que ha declarado este miércoles ha explicado que se tomó declaración “a limpiadoras, a chicas que ejercían la prostitución, a trabajadores, a propietarios de establecimientos y a casi todos los que, de una manera u otra, podían identificar a alguien”. A todos ellos se les exhibían anexos fotográficos para que identificaran a las personas que habían visto.
La Fiscalía ha interrogado a este guardia civil acerca del reconocimiento fotográfico que practicó un testigo en particular, para que aclarara si el testigo fue “inducido” o “intimidado”, algo que ha negado el agente: “Fue una declaración normal, tranquila, a los dos días se le tomó declaración también en sede judicial”.
En conjunto, el guardia civil ha señalado que la investigación encontró “indicios” de que algunos miembros de la Policía Local “mantenían negocios al margen” de su condición de policías, “allí en la zona donde actuaban” en el Arenal.
En detalle, los testimonios apuntaban a “consumiciones de prostitución y de bebidas” gratuitamente para los policías en los establecimientos investigados: “Había testigos que trabajaban en estos locales que reconocían que [los policías] no abonaban nada”.
El agente ha especificado que la investigación se limitaba a “personas concretas” y no a toda la Policía Local o unidades completas. Además se les relacionó solamente con los negocios de los empresarios Bartolomé Cursach –quien fue absuelto– y Miguel Pascual: “Tomamos testimonios de otros locales y negaban cualquier tipo de ofrecimiento de nada a cualquier policía”, ha señalado el investigador, rechazando que este trato a la Policía fuera algo generalizado en las zonas de ocio.
Asimismo, el guardia civil ha expuesto que estudiaron los datos de actividad de los diferentes Grupos de Actuación Preventiva (GAP) y detectaron que uno de ellos tenía un índice “a la mitad del resto de grupos”.
Además, la mayoría de actuaciones administrativas “iban más del 50 por ciento a temas de tiqueteros”, pero “apenas” constaban actuaciones contra la delincuencia típica de la zona, a diferencia del resto de grupos. Este hecho les hizo sospechar de un posible beneficio para el empresario, al perseguir a los tiqueteros “de la competencia”.
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