Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha animado este martes a otras Comunidades Autónomas a imitar el decreto balear que regula la atención extrahospitalaria de ciudadanos comunitarios y británicos desplazados temporalmente a las Islas con gestión compartida de la sanidad privada.
“Creemos que es un gran acierto la decisión del Govern balear, respaldada además de forma unánime por todos los grupos parlamentarios, que reconoce la importancia y pertinencia de aprovechar los recursos proporcionados por el sector privado para satisfacer las necesidades del sistema público de salud”, ha señalado el presidente de ASPE, Carlos Rus.
Rus ha calificado de “inteligente” la medida, “ya que esta gestión eficaz y colaborativa contribuirá a ofrecer una mejor asistencia a los pacientes, tanto a los extranjeros desplazados que precisan de atención urgente como a los ciudadanos de las Islas, que podrán beneficiarse de una mayor accesibilidad” gracias a una mayor descongestión de los servicios públicos.
En esta línea, el presidente de ASPE ha confiado en que iniciativas como esta “sirvan de ejemplo a otras CCAA como modelo de colaboración eficiente”. Así, ha destacado que el sector privado de la salud “es un recurso de gran valor para asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.
El decreto balear
El Decreto ley establece la creación de una Red de Centros y Servicios de Apoyo, que podrán ofrecer asistencia urgente a los ciudadanos comunitarios y británicos que estén de manera temporal en las Islas, dispongan de tarjeta sanitaria europea en vigor y que no cuenten con un seguro privado o de viaje.
Estas asistencias comprenden primeros traslados, traslados secundarios desde los centros públicos y turistas que acuden por medios propios tras indicación del servicio de emergencias 061.
Aparte de esta habilitación genérica, el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) también podrá habilitar de forma expresa y específica determinados centros y servicios sanitarios privados para ofrecer atención en procesos de especial relevancia, como el código ictus, el código infarto y la atención al trauma grave, en el marco de la atención sanitaria a ciudadanos comunitarios y británicos.
Estos servicios serán financiados según las tarifas públicas establecidas en cada momento y aplicables en los centros de la red sanitaria pública.
La financiación de la atención a pacientes extranjeros comunitarios o temporales del Reino Unido estará restringida al equivalente al 65% de las tarifas públicas vigentes en ese momento, en base a los servicios efectivamente prestados, tras las debidas revisiones y verificaciones por parte del Servicio de Salud. El restante 35% corresponderá a los costos que el IbSalut deberá asumir para llevar a cabo las tareas de gestión relacionadas con esta actividad.
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