La Fiscalía de Baleares solicita informar a la Europea de la denuncia contra Ureña y el expediente de reclamación

La Fiscalía de Baleares ha solicitado informar a su homóloga europea acerca del procedimiento abierto por la denuncia del PSIB contra el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, por la reclamación a la empresa del caso Koldo.

La denuncia del PSIB acusa a Ureña de haber dejado caducar la reclamación del IbSalut a la empresa por la calidad de las mascarillas entregadas. Los socialistas atribuyen al director general haber permitido deliberadamente la caducidad del expediente “en claro beneficio de la empresa y sus partícipes”, considerando el nuevo expediente una “cortina de humo” una vez que trascendió la investigación.

La denuncia se dirige también contra la empresa investigada en el caso Koldo –Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL– y a su administrador, Íñigo Rotaeche, uno de los imputados en la causa de la Audiencia Nacional.

Ante la apertura de diligencias previas en Baleares, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma informando de que la Fiscalía Europea tramita un asunto sobre este mismo contrato, como había adelantado ‘Diario de Mallorca’.

El escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso Europa Press, pide comunicar a Europa “la existencia del presente procedimiento judicial así como que el mismo guarda relación con el expediente de contratación” de Soluciones de Gestión con Baleares, además de con una primera reclamación de 2,6 millones a la compañía y otra de 3,7 millones con declaración de nulidad del contrato.

También pide informar a Europa, por si fuera de su competencia, de que el procedimiento guarda relación “con las posibles influencias o presiones” en favor de Soluciones de Gestión “para su contratación administrativa y expedientes administrativos posteriores”.

Por otro lado, el fiscal solicita recabar del IbSalut copia íntegra del expediente de contratación, las dos reclamaciones –la resolución contractual parcial y el procedimiento de revisión de oficio declarando nulo el contrato– y “cualquier otro procedimiento o expediente” que afecte a este asunto.

LOS PLAZOS DEL EXPEDIENTE

La caducidad del expediente se ha convertido en el principal caballo de batalla entre PP y PSIB en las Islas. La resolución notificando la reclamación a la empresa da un plazo de tres meses y a eso se aferran los investigados en sus conversaciones cuando hablan de que la Comunidad no va a seguir con la reclamación.

El actual equipo del IbSalut, por su parte, asegura que según la normativa el plazo sería de ocho meses y que por tanto seguiría en plazo cuando se conoció el caso, achacando a un “error” material la referencia a los tres meses. En cualquier caso, la administración no llegó a contestar a las alegaciones presentadas por la empresa en noviembre.

El caso trascendió en febrero con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, y en marzo el IbSalut desistió de aquella reclamación por considerarla inviable debido a un documento del anterior equipo donde se avalaba la calidad del cargamento. Al mismo tiempo inició un nuevo expediente para declarar nulo el contrato desde su origen y reclamar el total del importe, 3,7 millones de euros. La empresa ha presentado alegaciones, según han confirmado fuentes del Ibsalut.

En una comparecencia en la Comisión de Salud en el Parlament, Ureña defendió el pasado 8 de mayo que es “inverosímil” que el Govern del PP acordara con la trama Koldo dejar caducar el expediente cediendo a presiones del exasesor de Ábalos, exministro con el PSOE. Ureña tiene que volver a comparecer en el Parlament por este asunto, el 3 de junio, esta vez dentro de la comisión no permanente de investigación.

PERSONACIÓN DEL GOVERN

Mientras, la Audiencia Nacional ha admitido la petición del Govern de personarse como parte perjudicada en el caso Koldo, tras aportar la Comunidad la descertificación de los fondos europeos con los que se pagó el contrato de 3,7 millones a la empresa investigada.

La personación dará acceso al Govern a la documentación de la causa y le permitirá solicitar las diligencias que considere oportunas. Esta decisión de la Sala de lo Penal es firme y no se puede recurrir.