El Seprona y el Govern inspeccionan siete parcelas rústicas por vertidos de residuos de obra en Mallorca

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y el Govern balear han llevado a cabo siete inspecciones en parcelas rústicas de Mallorca por vertidos de residuos de obras y demoliciones.

Los terrenos se ubican en los municipios de Palma, Marratxí, Santanyí, Muro, Llucmajor y Capdepera, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa. Además del Instituto Armado ha intervenido también el servicio de Residuos de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, así como responsables de los Ayuntamientos de Palma y Marratxí.

La investigación comenzó al detectar que residuos de obras de construcción no se estaban transportando a un gestor autorizado. Las pesquisas descubrieron que los residuos acababan, sin la obligatoria trazabilidad, en parcelas rústicas. Allí eran almacenados, vertidos o triturados ilegalmente. En algunos casos se enterraron los escombros.

Los agentes verificaron que la mayoría de los residuos procedían de obras sin licencia urbanística, y por lo tanto, sin control de la administración. Los guardias civiles e inspectores de la Consellería localizaron grandes cantidades de residuos acopiados ilegalmente en suelo rústico.

Las parcelas sobre las que se vierten o entierran residuos de la construcción pueden declararse según la normativa como suelos contaminados, por contener la mayoría de las veces fibrocemento con amianto (residuo catalogado como peligroso). De ello pueden derivar obligaciones para los responsables para garantizar la descontaminación y recuperación.

Tras los informes periciales solicitados, así como con próximas prospecciones y muestreos de los terrenos, si los agentes acreditan que existe riesgo o afectación del suelo, subsuelo o de la masa de agua subterránea por los vertidos ilegales de residuos contaminantes, se investigará a los responsables como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente

Por el momento, los infractores se enfrentan a sanciones de 2.001 a 600.000 euros. La Guardia Civil ha recordado que, según la normativa, los propietarios de las parcelas se consideran los poseedores de lso escombros, y por tanto responsables de gestionarlos debidamente mediante la entrega a un gestor autorizado.

Asimismo, como parte de las actuaciones se han tramitado denuncias por no disponer de título habilitante para ejercer actividades comerciales o industriales en parcelas rústicas por parte de las empresas y personas infractoras, que conlleva como medida cautelar la paralización de la actividad.

Esta campaña de inspecciones continuará en próximas fechas en otras localidades de la isla, debido al aumento de estas conductas incívicas detectado por la Guardia Civil.