El exgerente del Ibetec acepta dos años de cárcel reconociendo la agresión sexual a una mujer y el ataque a un policía

El exgerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec), Juan Antonio Serra Ferrer, ha aceptado finalmente un pacto con las acusaciones asumiendo una condena de dos años de cárcel –que no cumplirá– y multas, reconociendo así la agresión sexual a una mujer en un local de Palma y el ataque a un policía.

Serra ha consignado 1.000 euros en el Juzgado en concepto de indemnización, por lo que se le ha aplicado una atenuante de reparación del daño. No entrará en prisión porque se le ha concedido una suspensión de la pena, ya que no tiene antecedentes penales.

Esta suspensión estará en vigor siempre y cuando no cometa ningún otro delito en los próximos cinco años y pague las cantidades que faltan para compensar a las víctimas.

El asunto se ha dirimido en el Juzgado de lo Penal 7 de Palma. Como parte del acuerdo con la defensa, ejercida por el abogado José Ignacio Herrero, la Fiscalía y la acusación particular –el agente agredido, asistido por el Sindicato Unificado de Policía con el letrado Eduardo Luna– han accedido a rebajar su petición de condena y el procesado ha reconocido los hechos.

De este modo Serra ha aceptado el relato de la Fiscalía, lo que implica reconocer que, en mayo de 2022, en un local de Paseo Mallorca en Palma, intentó besar y lamió la cara a una desconocida sin consentimiento; y que propinó un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo, cuando intentaba marcharse.

“Me adhiero”, es todo lo que ha dicho Serra en la vista, a la pregunta de la juez sobre si se conformaba con las penas. De este modo ha asumido una condena por un delito de agresión sexual, otro de atentado a agente de la autoridad y dos delitos leves de lesiones. Por cada uno de los dos primeros ha aceptado una condena de un año de cárcel y por cada uno de los leves, 900 euros de multa.

Además de estas penas, no podrá concurrir en listas en procesos electorales durante el tiempo de la condena. Igualmente se le impone una orden de alejamiento de 700 metros, durante cinco años, en favor de la mujer agredida; medida de libertad vigilada por cinco años; y la obligación de asistir a un programa formativo de educación sexual. Asimismo, queda inhabilitado para trabajar con menores durante siete años.

La Fiscalía pedía originalmente tres años y tres meses de cárcel y el policía, cinco años de prisión. Anteriormente, Serra había descartado de plano un acuerdo procesal con las acusaciones porque negaba su versión. En su escrito de defensa planteó atenuantes de embriaguez y de reparación del daño.

Antes del juicio, el SUP ha expresado que buscaba dar “ejemplo” con la acusación en este caso: “Se tienen que acabar ya las agresiones a policías nacionales”, ha declarado ante los medios el portavoz y secretario del Sindicato Unificado de la Policía de Baleares, Manuel Pavón, subrayando que les resulta indiferente “quién sea la persona agresora”, incluido un ex alto cargo del Govern balear.

APARTADO DE LA UIB Y DEL GOVERN

El caso supuso que fuera apartado de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y posteriormente su destitución del cargo que ocupaba dentro de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. La apertura de juicio oral contra Serra puso en el foco político al vicepresidente, Antoni Costa, que lo había nombrado como cargo de confianza cuando la causa ya estaba en marcha.

Costa acabó pidiendo disculpas al reconocer que se había “equivocado” al nombrarle y apeló a la presunción de inocencia, pero consideró que no era motivo suficiente para presentar su propia dimisión como le pedía la oposición.