La aprobación definitiva del reglamento del Régimen Fiscal Especial de Baleares supondrá un ahorro de 210 millones de euros al año y, a su vez, un impacto directo de inversión en Baleares de alrededor de 350 millones de euros al año.
Así lo ha avanzado este martes en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, quien ha enfatizado que esta aprobación definitiva “deriva de un esfuerzo importante de gobiernos progresistas en España y Baleares”.
Según ha explicado el representante estatal en las Islas, el real decreto del Consejo de Ministros que desarrolla el reglamento del Régimen Fiscal entrará en vigor con su publicación en el BOE, aunque las medidas fiscales que se aprueban producirán efectos desde el inicio de los periodos impositivos del Impuesto sobre Sociedades, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023.
La medida consta de dos instrumentos principales. Uno es la Reserva para Inversiones, que consiste en una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, o una deducción en la cuota del IRPF.
Es decir, con ello, la parte de beneficios que se dedica a inversión queda exenta de estos impuestos siempre y cuando se invierta en adquisiciones de elementos patrimoniales, de elementos que contribuyan a la mejora y la protección del medio ambiente, de gastos en I+D+I, en creación de puestos de trabajo, o acciones o participaciones en el capital de sociedades que desarrollen su actividad en Baleares.
De otro lado, está el Régimen Especial para empresas industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras, que consiste en una bonificación de la cuota íntegra para los contribuyentes de los citados impuestos.
Más en detalle, bonifica entre un 10 por ciento –si se mantiene el empleo– y un 25 por ciento –si aumenta el empleo– la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, IRPF e IRNR.
Delegación del Gobierno en Baleares calcula que estas medidas beneficiarán a unas 50.000 empresas de las Islas y 71.000 autónomos, y supondrá la creación de unos 3.200 puestos de trabajo.
PASO DEFINITIVO EN EL DESPLIEGUE DEL REIB
En la rueda de prensa, Rodríguez ha ensalzado que la aprobación del reglamento supone un paso más en el despliegue del Régimen Especial para Baleares que está conformado por tres pilares –el económico, el fiscal y un instrumento financiero destinado a compensar las consecuencias económicas inherentes al hecho insular, especialmente en materia de inversión pública–.
Mediante la aprobación del Real Decreto-Ley 4/2019, de 22 de febrero, se desarrollaron los aspectos relativos a las medidas de carácter económico y al instrumento financiero, con la previsión, principalmente, de medidas económicas para determinados sectores especialmente afectados por la insularidad, como son el de la energía, el de los transportes aéreo y marítimo de personas, el de mercancías y residuos, el de las materias portuaria y aeroportuaria, el del transporte terrestre y el del sector náutico.
También incluye la regulación del Factor de Insularidad como dotación en los Presupuestos Generales de Estado de cada ejercicio destinada a financiar actuaciones en el territorio balear en determinados ámbitos especialmente afectados por la insularidad.
Sin embargo, en el régimen especial faltaba la adopción de medidas fiscales complementarias; medidas que finalmente se aprobaron mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, donde se introduce, para los períodos impositivos que se inicien entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2028, el régimen fiscal especial de las Islas, cuyo reglamento ahora entrará en vigor.
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