El PP ha insistido que no negociará con Vox el futuro decreto ley anunciado por el Govern para tumbar las 34 enmiendas aprobadas por un error de los ‘populares’ en el pasado pleno.
“Nadie entendería que la izquierda no facilitara la convalidación del decreto”, ha señalado este lunes el portavoz ‘popular’, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha remarcado que el error en la votación “se rectificará” y que las enmiendas no tendrán vigencia “ni un momento”.
En este sentido, ha reiterado que la derogación de estas enmiendas “no interferirá” en la tramitación de los presupuestos autonómicos para 2025, a la vez que ha recordado que los de Santiago Abascal habían acordado votar a favor de la ley de simplificación administrativa sabiendo que la intención del PP era votar en contra en ese bloque de enmiendas.
Por otro lado, tras ser preguntado por las críticas de la izquierda por la asistencia del jefe de gabinete de la Presidencia a dos actos en representación del Govern, el portavoz ha defendido que éste tiene rango de director general y que, por tanto, puede asistir en representación de la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens.
“Es una polémica absurda”, ha considerado, agregando que los gastos de esta representación están publicados de forma “totalmente transparente” y que la izquierda hace “demagogia como una catedral”.
En relación con la enmienda del PP a los presupuestos autonómicos para que los consellers que no son diputados cobren dietas por acudir al Parlament, el portavoz ha subrayado que “No hay subida de sueldos”, sino que son dietas que “habían estado vigentes en Baleares durante más de 30 años”.
Además, según Sagreras, se ha hecho “de forma totalmente transparente” y ha asegurado que el Govern gasta 500.000 euros menos que el Ejecutivo anterior en altos cargos y asesores.
“PREOCUPACIÓN” CONGRESO FEDERAL DEL PSOE
Por otra parte, el portavoz del PP ha trasladado la “preocupación” de su formación por “lo ocurrido” este fin de semana en el Congreso Federal del PSOE, asegurando que “se ha atacado la autonomía de Baleares”.
“Se ha puesto en cuestión la capacidad de las comunidades de bajar y eliminar impuestos como, por ejemplo, el Impuesto de Sucesiones. Una cuestión que nos parece muy grave y que no vamos a tolerar. Si van por aquí nos encontrarán defendiendo nuestra autonomía fiscal”, ha advertido.
En este sentido, ha considerado que el PSOE sale de este congreso “más centralista que nunca” y, a su parecer, el PSIB “se tendría que desmarcar”.
Según Sagreras, durante el Congreso Federal “se ha ensalzado, todavía más, la figura y personalidad de Pedro Sánchez, como han recibido con aplausos a investigados por corrupción y como se ha atacado a jueces, fiscales y a medios de comunicación”.
PNL EDMUNDO GONZÁLEZ Y MUTUALIDADES FUNCIONARIOS
Los ‘populares’ defenderán en el pleno de este martes una proposición no de ley (PNL) para que Baleares reconozca a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela.
“Se trata de una iniciativa que se presentó meses atrás pero que no ha perdido la vigencia y con la que queremos mostrar nuestro apoyo a la comunidad venezolana de las Islas”, ha destacado.
Por otra parte, la diputada del PP Isabel Borrás ha presentado una iniciativa, registrada este lunes en el Parlament, relativa a las mutualidades de los funcionarios.
La diputada ha señalado que las mutualidades representan “un modelo singular y eficaz” dentro del sistema de protección social en España y “aseguran que funcionarios y sus familias tengan acceso a una atención sanitaria de calidad en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”.
Sin embargo, ante la posibilidad de que puedan desaparecer las mutualidades de funcionarios, Borrás ha advertido que “este abandono a los funcionarios implicaría una sobrecarga y una saturación del Sistema Nacional de Salud, una pérdida de derechos y una mayor desigualdad en el acceso a la sanidad”.
Así, la PNL insta al Gobierno central a iniciar una reforma legislativa que garantice la pervivencia de las mutualidades como un modelo sanitario complementario al Sistema Nacional de Salud, así como a realizar un nuevo concurso en un plazo máximo de tres meses y ajustar las aportaciones del Estado para cubrir “adecuadamente” las necesidades asistenciales.
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