La noticia de que ninguno de los 20 inmigrantes ilegales llegados en patera a Mallorca el pasado mes de enero era menor de edad no sorprende a nadie que conozca la realidad de la inmigración ilegal en España. Desde Vox llevamos años denunciando cómo el fenómeno de los llamados MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados) se ha convertido en un coladero de inmigración ilegal para adultos que fingen ser menores con el objetivo de beneficiarse del sistema de protección español.
Este caso es solo la punta del iceberg de una problemática que la izquierda y los globalistas han tratado de ocultar: el fraude masivo en la edad de los inmigrantes ilegales que llegan a nuestras costas. Gracias a la permisividad de los gobiernos progresistas, los falsos menores acceden a recursos públicos y protección social a costa del contribuyente español. Mientras tanto, nuestros jóvenes, nuestros ancianos y nuestras familias ven cómo sus derechos son pisoteados en favor de aquellos que entran ilegalmente en nuestro país.
Las consecuencias de esta política de puertas abiertas son devastadoras. No solo se trata de un problema económico, con un coste multimillonario para las arcas públicas, sino también de seguridad. En muchos barrios de España, los ciudadanos han visto cómo la llegada de estos falsos menores ha traído consigo un aumento de la delincuencia, la inseguridad y la degradación de la convivencia. Los datos son claros y hablan por sí solos: el porcentaje de delitos cometidos por MENAS y falsos MENAS es alarmante, y sin embargo, la izquierda sigue negando la evidencia.
Desde Vox exigimos que se realicen pruebas de edad a todos los inmigrantes que aleguen ser menores y que aquellos que sean descubiertos en su fraude sean inmediatamente deportados. No podemos seguir tolerando el abuso de nuestro sistema ni el uso de la mentira como método para acceder a derechos y ayudas que deberían estar reservadas a los españoles y a los inmigrantes que llegan de forma legal y ordenada.
Además, debemos poner fin a la demagogia buenista que nos impone la progresía y sus medios afines. España no puede ser el refugio de todo aquel que pretenda aprovecharse de nuestra solidaridad. La inmigración debe ser regulada, controlada y vinculada a las necesidades reales del país, y no impuesta por las mafias que se lucran con el tráfico de personas y la complicidad de los políticos progresistas.
En Vox tenemos claro que el deber del Estado es proteger a sus ciudadanos, garantizar la seguridad y priorizar los intereses de los españoles por encima de los intereses de los ilegales y de aquellos que los defienden. Por ello, seguiremos luchando para que España recupere el control de sus fronteras, acabe con el fraude de los MENAS y devuelva a los españoles la dignidad y la seguridad que los gobiernos de izquierda les han arrebatado.
David Gil ha colaborado en varios medios digitales. Ha sido Presidente de VOX en Baleares. En la actualidad es Portavoz adjunto de VOX en el Consell de Mallorca.
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