El pasado reciente de nuestras islas nos ofrece un ejemplo claro de cómo una idea puede imponerse desde las instituciones hasta convertirse en norma, sin haber sido nunca voluntad mayoritaria de los ciudadanos. La inmersión lingüística obligatoria en catalán en Baleares es uno de esos casos. Lo que comenzó como una medida provisional de imposición de una lengua cooficial ha derivado, tras décadas de presión política y manipulación cultural, en una estructura legal y educativa que niega a las familias el derecho a elegir la lengua en la que educar a sus hijos.

La Obra Cultural Balear, asociación cultural durante el franquismo, es hoy la cara visible de un entramado ideológico que insiste en mantener un modelo que ha fracasado social, pedagógica y políticamente. Son los últimos en sostener, con ayuda institucional, una ficción cada vez más alejada de la realidad: que el catalán es la lengua natural y exclusiva de Baleares, y que su imposición es garantía de cohesión.

Pero la historia nos muestra otra cosa. Durante siglos, el español convivió con las modalidades lingüísticas insulares del balear —mallorquín, menorquín, ibicenco— sin conflictos, sin políticas de exclusión, y sin que el uso de una lengua se convirtiera en arma política. La realidad es que el español ha sido lengua común y vertebradora de los pueblos de España desde los Decretos de Nueva Planta (1707–1716), que establecieron un marco normativo unificador tras la Guerra de Sucesión. Lejos de eliminar la diversidad, consolidó una administración coherente que garantizó igualdad ante la ley y una lengua compartida por todos.

De la cooficialidad a la imposición

Sin embargo, a partir de los años ochenta, con la creación del Estado de las Autonomías y la transferencia de competencias educativas, se abrió la puerta a una relectura interesada del pasado. Se utilizó la lengua como elemento de diferenciación identitaria, y en lugar de proteger la riqueza lingüística real de las islas, se comenzó a imponer un modelo que no nació de las necesidades de la población, sino de un proyecto político: el nacionalismo catalanista.

El artículo 3 de la Constitución Española es claro: el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en sus respectivas comunidades, según sus estatutos. Sin embargo, en Baleares, este equilibrio se ha roto. La cooficialidad ha derivado en supremacía: el catalán no coexiste con el español, lo sustituye. Y esa sustitución se ha normalizado, especialmente en el ámbito educativo, vulnerando así el derecho fundamental de los padres a decidir la lengua vehicular de la enseñanza, reconocido por el artículo 27 de la propia Constitución.

La doctrina del Tribunal Constitucional, además, ha insistido en que el modelo de inmersión no puede excluir al español como lengua vehicular. Pero esta jurisprudencia ha sido ignorada sistemáticamente por gobiernos autonómicos, que, lejos de garantizar derechos, los restringen. ¿Qué legitimidad puede tener entonces una movilización como la de la OCB, que reclama “vivir en catalán”, si quienes lo promueven han convertido al catalán en una lengua proscrita en las aulas públicas?

Identidad lingüística y manipulación cultural

Más aún cuando buena parte de la población balear ni siquiera considera el catalán como una lengua histórica propia en el sentido político que se pretende dar. Las modalidades lingüísticas insulares tienen un origen, un uso y una evolución distintos, y han sido siempre vividas como propias por los baleares, no como parte de un proyecto común catalán. Imponer una visión unitaria, ajena y centralista bajo la etiqueta de “normalización” ha sido un acto de ingeniería cultural sostenido con dinero público durante décadas, por gobiernos de todos los colores, incluidos los del Partido Popular.

El resultado es una sociedad fragmentada, una educación ideologizada y una parte importante de la ciudadanía que se siente excluida en su propia tierra. ¿Qué tipo de cohesión social genera un sistema que obliga a los niños a educarse en una lengua que no hablan en casa, que deslegitima su lengua materna y que ignora el derecho a elegir?

Desde Vox defendemos una solución clara: devolver la libertad a las familias. Respetar al español como lengua vehicular y garantizar el aprendizaje de las modalidades insulares sin manipulación política. Defender una educación bilingüe real, donde la lengua no sea un instrumento de confrontación, sino una herramienta de conocimiento y respeto mutuo.

Una llamada al cambio

Quienes hoy marchan por “vivir en catalán” olvidan que llevan cuarenta años viviendo a costa del privilegio. No son los oprimidos; son los últimos beneficiarios de un sistema injusto, que ya no se sostiene ni pedagógicamente, ni socialmente, ni moralmente. Y la mayoría silenciosa empieza a alzar la voz.

Ha llegado el momento de desmontar el mito, restaurar el equilibrio constitucional y recuperar la escuela para lo que debe ser: un espacio de libertad, de verdad y de respeto a la identidad plural de España. Sin imposiciones, sin uniformidades impuestas, sin mentiras históricas.

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Foto: Manifestación de la OCB. / Europa Press.