El PSIB vota en contra de unos presupuestos que tilda de «regresivos y entregados a la ultraderecha»

El PSIB-PSOE ha votado en contra de los presupuestos autonómicos de 2025, que considera marcados por recortes en áreas clave como salud, educación, servicios sociales y ocupación, y por la cesión del Govern de Marga Prohens a las exigencias de Vox, a quien acusan de condicionar las políticas públicas desde el inicio de la legislatura.

Según el grupo socialista, estos presupuestos representan una grave regresión en derechos fundamentales como la inmigración, la lengua propia y la memoria democrática. Además, denuncian que el proyecto se vio condicionado desde su arranque por la aprobación de una ley urbanística impulsada por PP y Vox, que abre el suelo rústico a la especulación sin solucionar el problema real de acceso a la vivienda.

El portavoz parlamentario Iago Negueruela ha calificado la reforma urbanística como un “pelotazo” que solo beneficiará a promotores y consolidará privilegios a costa del interés general. Por su parte, el diputado Marc Pons ha advertido que Vox “ha doblegado al PP”, y que el resultado es una escalada de tensiones sociales y retrocesos en convivencia.

Duras críticas a las políticas de Prohens en vivienda, educación y servicios sociales

La vicepresidenta segunda y diputada Mercedes Garrido ha señalado el fracaso del Govern en materia de vivienda, con subidas de precio del 14% y sin avances reales en las promesas de nuevas viviendas públicas. De las 900 VPO prometidas, solo se ha ejecutado un 4%. El programa “Construir para alquilar” apenas alcanza un 2% de cumplimiento, mientras que sí se han legalizado más de 30.000 viviendas en suelo rústico, lo que el PSIB considera un “100% de eficacia para los especuladores”.

En educación, la diputada Amanda Fernández ha denunciado “graves retrocesos” con la implantación de la segregación lingüística, la pérdida de plazas públicas y el uso del castellano como lengua vehicular. Además, se ha duplicado la inversión para un plan que, según Fernández, solo ha sido asumido por 19 centros.

En cuanto a servicios sociales, el diputado Omar Lamin ha acusado al Ejecutivo de “incompetencia” y de abandonar a los más vulnerables. Actualmente, más de 3.000 personas esperan atención domiciliaria, y otras tantas aguardan valoración de dependencia o discapacidad. También ha criticado la falta de ejecución presupuestaria, con millones no utilizados para residencias, centros de día y renta social.

Acusaciones de privatización y abandono de políticas sociales

Desde el grupo socialista también se ha denunciado la privatización encubierta de la educación pública, el deterioro del sistema de salud, con largas listas de espera y presupuestos “irreales”, y la reducción de la inversión pública en un 20%, equivalente a 77 millones de euros menos que el año anterior.

La diputada Carol Marquès ha criticado especialmente la gestión en materia hídrica, señalando que la conselleria de Mar ha reducido en un 50% las inversiones respecto a 2024. Ha denunciado que el Govern prioriza crecimientos urbanísticos insostenibles mientras los acuíferos se salinizan y los municipios aplican restricciones de agua.

En el ámbito laboral, el diputado Llorenç Pou ha cuestionado el desmantelamiento del diálogo social con la supresión de subvenciones a sindicatos y patronales, y ha criticado la falta de inversión en conciliación, empleo autónomo y polígonos industriales. También ha advertido que el conseller de Ocupación es “el primero en provocar un anuncio de huelga en hostelería”.

Desde la conselleria de Agricultura, Pilar Carbonero ha acusado al Govern de ceder ante el negacionismo climático de Vox, pese a que necesitan los fondos del Pacto Verde para cuadrar cuentas. En su balance, ha afirmado que la legislatura prometida como la “del agua” ha resultado ser la de la “sequía y los pozos secos”.