Un grupo de vecinos del Camí del Clot de Sa Indioteria han denunciado públicamente una situación que, aseguran, lleva más de tres años deteriorando la convivencia y poniendo en riesgo la seguridad, la salud pública y el medio ambiente de la zona.
El conflicto se centra en la finca número 48 del camino 140 de Sa Indioteria, un terreno colindante con varias viviendas que, según los vecinos, ha sido parcelado ilegalmente en siete partes y alquilado a terceros. Lo que comenzó con caravanas se ha transformado en construcciones fijas sin licencia, incluyendo casas, porches, un tráiler, una lancha e incluso un castillo hinchable para celebraciones. Denuncian que el lugar se ha convertido en una “urbanización clandestina” que crece sin control.
Ruido, fiestas y tráfico de drogas
Según los vecinos, cada fin de semana se celebran fiestas con música a un volumen superior al de una discoteca hasta la madrugada, lo que afecta gravemente al descanso vecinal. También señalan un constante tránsito de personas que acuden al lugar para la compraventa y consumo de drogas, convirtiendo el espacio en un punto activo de este tipo de actividades.
En las últimas semanas, la situación se habría agravado con la construcción de una nueva vivienda y el vertido de escombros a la vía pública y al Torrent Gros, lo que, alertan, podría provocar graves problemas medioambientales y de inundación. Además, denuncian que una empresa de Felanitx ha perforado un pozo para extraer agua sin autorización.
Críticas a la respuesta policial
Una representación de la comunidad de vecinos, acudieron al cuartel de la Guardia Civil del Pont d’Inca para interponer una denuncia. Desde allí, les ofrecieron apoyo e indicaron que para denunciar debían dirigirse a la Policía Nacional ya que las competencias en esa zona pertenecen a la Policía Nacional, que -según testimonios vecinales- restó gravedad a los hechos e incluso cuestionó la existencia de ilegalidades.
El relato de los vecinos apunta a una falta de sensibilidad y atención por parte de los agentes, que explicaron que las infracciones urbanísticas son competencia de la Policía Local de Palma, cuerpo al que, afirman, han llamado en numerosas ocasiones sin que se haya personado en ninguna de ellas para comprobar ruidos, alteraciones del orden o las obras denunciadas.



Petición de actuación urgente
Los vecinos aseguran sentirse “completamente desamparados” y critican que cada institución se limite a derivar la responsabilidad a otra, mientras las actividades presuntamente ilegales continúan. Exigen a las administraciones públicas locales, autonómicas y estatales que actúen de manera urgente para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a quienes cumplen con sus obligaciones cívicas y legales.
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