El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Manacor ha cargado este lunes contra la intención del equipo de gobierno local de establecer el uso obligatorio del catalán para los agentes de la Policía Local, calificándola de “medida inconstitucional, discriminatoria e ideológica”.

El portavoz de VOX, Esteban Sureda, ha anunciado que la formación ha registrado una moción de rechazo que se debatirá en el próximo Pleno ordinario del 10 de noviembre, y ha dirigido duras críticas al alcalde Miquel Oliver y al concejal de Interior, Sebastià Llodrà, por lo que considera una “imposición lingüística”.

VOX apela a la Constitución y acusa al gobierno local de “dividir” a la ciudadanía

Sureda sostiene que esta medida vulnera “el principio de igualdad, mérito y capacidad” en el acceso a la función pública, y que supone “un ataque directo a la legalidad constitucional”. Asegura que “el catalán como requisito excluyente para ser policía rompe con los principios recogidos en el artículo 23.2 de la Constitución Española”.

En su intervención, también ha subrayado la oficialidad del castellano como lengua del Estado y la cooficialidad del catalán en Baleares, advirtiendo que “esta última no puede suponer la supremacía de una lengua sobre otra”. En este sentido, ha citado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en particular la sentencia STC 82/1986, que, según VOX, impide convertir la cooficialidad en una obligación generalizada del uso de una lengua concreta.

“Basta ya de ideología en nuestras instituciones”

Según el portavoz, el objetivo del equipo de gobierno no es mejorar la seguridad, sino “usar a la Policía como peón de su agenda ideológica y separatista”. Ha calificado la medida como un intento de “confrontación” que “distrae la atención de los verdaderos problemas de los ciudadanos de Manacor”.

“La función de nuestra Policía Local es protegernos, no someterse a un examen de fidelidad identitaria”, ha afirmado Sureda. “Exigir el dominio del catalán como un muro de acceso es una medida discriminatoria que atenta contra la eficacia y la neutralidad del servicio público”, ha concluido.