El Colegio de Agentes Inmobiliarios de Baleares reclama un gran pacto de Estado para abordar la crisis de la vivienda

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y la Asociación Apibaleares han reclamado este lunes un paquete integral de medidas consensuadas para hacer frente al problema del acceso a la vivienda, tras los recientes anuncios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambas entidades advierten de que ciertas propuestas podrían requerir modificaciones del Tratado de la Unión Europea, lo que exigiría un acuerdo a nivel comunitario.

El presidente del Colegio y de la Asociación, José Miguel Artieda, subraya que “de plantearse medidas de este calado deberían aprobarse previamente desde un consenso político nacional amplio, declarando el acceso a la vivienda como un interés general”. Para Artieda, la cuestión no puede resolverse con “medidas aisladas”, sino a través de un marco coherente y estructural, como el que ya se empieza a impulsar en Baleares o el que defienden desde hace años los colegios profesionales.

Entre las propuestas reiteradas desde el sector destaca la regulación del ejercicio de la actividad inmobiliaria, una demanda histórica que, según Artieda, continúa sin atenderse por “la falta de consenso político y la ausencia de una declaración clara del interés general”.

Baleares: una situación singular que exige medidas adaptadas

Desde el Colegio se pone el foco también en la particularidad del contexto balear, marcado por una presión demográfica creciente, especialmente por parte de población extranjera, y un elevado poder adquisitivo de los compradores no residentes. Esta combinación —alerta Artieda— “conduce a una escalada de precios exponencial, claramente inasumible para muchos residentes”.

En este sentido, tanto el Colegio como Apibaleares consideran que, siempre dentro de un marco legal y consensuado, podrían estudiarse limitaciones a la compra de viviendas por parte de no residentes en zonas determinadas, como algunos núcleos urbanos consolidados.

Estas medidas —señalan— deberían definirse con precisión jurídica, estableciendo criterios claros sobre el concepto de no residente y limitándose a tipologías concretas de vivienda, como los inmuebles plurifamiliares.

Llamamiento a soluciones estables y colaborativas

“El acceso a la vivienda exige un gran pacto de Estado que, hoy por hoy, resulta difícil de vislumbrar porque se está convirtiendo en una herramienta de rédito político, en lugar de abordarse como un problema estructural que requiere soluciones estables y a largo plazo”, lamenta José Miguel Artieda.

Por todo ello, desde el Colegio y la Asociación insisten en la necesidad de colaboración técnica con las administraciones públicas, con el fin de aportar conocimiento especializado y contribuir al diseño de medidas equilibradas, jurídicas y territorialmente adaptadas, que permitan garantizar el acceso a la vivienda sin distorsionar el mercado.