El Ejecutivo autonómico cuestiona el real decreto del Gobierno de España y advierte de efectos sobre la presión migratoria y la gestión administrativa. Baleares registra más de 20.000 llegadas irregulares en cinco años, según datos del propio Govern.
Críticas del Ejecutivo autonómico a la medida estatal
El Govern de les Illes Balears ha expresado su rechazo a la regularización masiva anunciada por el Govern d’Espanya mediante un real decreto. Según el Ejecutivo autonómico, la decisión se ha adoptado sin planificación ni coordinación con las comunidades autónomas y podría incrementar la presión migratoria y el colapso de los servicios públicos en el archipiélago.
El Govern sitúa este posicionamiento en el contexto de la que considera la mayor crisis migratoria registrada en Baleares, con más de 20.000 llegadas de personas en situación irregular en los últimos cinco años. Señala que se trata de una cifra elevada para un territorio insular con recursos limitados y servicios que, según afirma, ya se encuentran saturados.
Cuestionamiento de los requisitos y de la tramitación administrativa
Entre los aspectos que el Ejecutivo balear cuestiona figura la propuesta estatal de flexibilizar los requisitos para la regularización, permitiendo que, en ausencia de certificados de antecedentes penales del país de origen, sea suficiente una declaración responsable del solicitante. El Govern considera que este planteamiento reduce las garantías y afecta a la seguridad jurídica del proceso.
De forma paralela, el Ejecutivo autonómico señala que las unidades de Extranjería están actualmente saturadas, lo que dificulta la tramitación de expedientes de personas que buscan regularizar su situación por vías ordinarias, con contrato de trabajo. Según el Govern, esta situación genera diferencias en los tiempos de espera entre distintos perfiles de solicitantes.
Declaraciones y petición de un plan coordinado
El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Manuel Pavón, ha señalado que mientras en Baleares se gestiona la situación sobre el terreno, el Estado debería asumir sus competencias y aportar soluciones planificadas. En sus declaraciones, ha indicado que la regularización, por sí sola, no garantiza procesos de integración si no va acompañada de oportunidades y recursos.
El Govern reclama al Estado un plan migratorio que incluya coordinación con las comunidades autónomas, refuerzo de las vías legales y medidas contra las redes de tráfico de personas, teniendo en cuenta la capacidad real de los territorios. El Ejecutivo autonómico sostiene que Baleares no puede asumir en solitario las consecuencias de decisiones que considera unilaterales.
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