San José y Santa Eulalia aprueban mociones contra la obligatoriedad de las balizas V16

Los ayuntamientos de San José y Santa Eulalia, en Ibiza, han aprobado sendas mociones impulsadas por los grupos municipales de VOX para instar al Gobierno central a suspender la imposición de las balizas de emergencia V16 conectadas. Las propuestas salieron adelante con el apoyo del Partido Popular, mientras que fueron rechazadas por PSOE, Podemos y, en el caso de San José, también por Ara (ERC).

Desde VOX, se critica la medida como una imposición ideológica y recaudatoria por parte del Ejecutivo nacional. La portavoz del grupo en San José, Araceli Colomar, calificó de “insulto” obligar a las familias a adquirir un dispositivo sin que existan estudios independientes que avalen su eficacia, y en un contexto económico marcado por la inflación.

Colomar también denunció una supuesta desigualdad normativa, al considerar que se exige este gasto a los residentes nacionales mientras, según afirmó, miles de vehículos extranjeros circulan sin estar sujetos a la misma obligación.

Críticas al Gobierno central y tensiones en Santa Eulalia

En Santa Eulalia, la portavoz de VOX, Paula Salsoso, celebró la aprobación de la moción, pero aprovechó para denunciar la actitud de la alcaldesa del municipio, Carmen Ferrer (PP), durante el pleno. Según Salsoso, fue advertida y amenazada con ser expulsada por la presidencia al defender con firmeza su posición en el debate. “Es indignante que se intente amordazar a la voz de los ciudadanos de Santa Eulalia”, declaró.

Salsoso también cargó contra los grupos de izquierda, asegurando que el rechazo del PSOE y Podemos demuestra que “prefieren que los conductores permanezcan dentro de sus vehículos tras un accidente, aumentando el riesgo de atropello, antes que admitir que esta normativa es un error técnico y una estafa económica”.

Petición formal al Gobierno central

Ambas mociones incluyen una solicitud expresa al Gobierno de la Nación para:

1. Suspender la obligatoriedad de la baliza V16 hasta contar con estudios independientes que avalen su eficacia.
2. Permitir el uso alternativo de los triángulos de emergencia.
3. Garantizar la seguridad vial sin obligar a los conductores a permanecer dentro del vehículo en caso de accidente.
4. Detener la promoción de normativas que impongan costes injustificados a la ciudadanía.