Empresas de chárter denuncian un cierre encubierto del mercado de boyas en Baleares

Según un comunicado de prensa emitido por PIMEM-APANIB y firmado por Juan M. Piqueras Ruiz, abogado de APANIB, la licitación impulsada por Puertos de las Illes Balears (PORTSIB) para la gestión de los campos de fondeo regulado sigue adelante pese a haber sido parcialmente anulada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). La resolución 88/2026 del tribunal estimó el recurso presentado por la patronal náutica y reconoció la existencia de “vicios sustanciales” en los pliegos del concurso.

El fallo ordenó dos cambios principales: “la incorporación del proyecto técnico del campo de boyas de Formentor” y “la anulación de una cláusula que limitaba el número de lotes a los que podía concurrir un mismo licitador”. No obstante, el comunicado denuncia que “PORTSIB ha levantado la suspensión de la licitación sin garantizar todavía una ejecución material de esas correcciones ni una restitución efectiva de la publicidad y de la concurrencia”.

Las empresas del sector califican la situación de “paradójica”, ya que se admiten los defectos legales del procedimiento, pero se permite que avance sin cambiar los efectos restrictivos que generó desde el inicio.

El sector denuncia una desigualdad estructural en la participación

Desde el punto de vista jurídico, señala el comunicado, “la anulación de cláusulas esenciales y la introducción de nueva documentación técnica no son simples ajustes formales”. Al contrario, “son modificaciones que alteran las condiciones económicas y competitivas del procedimiento y que, conforme a la normativa europea de contratación pública, deberían ir acompañadas de una nueva publicidad”.

En la práctica, lo que se está produciendo es, según el comunicado, “un procedimiento ‘a dos velocidades’, en el que por un lado, los operadores que ya estaban dentro del concurso pueden adaptar sus ofertas a las nuevas condiciones; y por otro, las empresas que no concurrieron inicialmente por las restricciones ahora anuladas permanecen excluidas de hecho del proceso”.

La denuncia adquiere especial gravedad en el sector del chárter náutico en Baleares, donde el acceso a campos de boyas no es un privilegio secundario, sino un requisito fundamental para operar.

Temor a una consolidación de barreras de entrada en el mercado náutico

Las asociaciones empresariales consideran que “no se trata de una disputa técnica sobre pliegos, sino de un problema de mercado y la consolidación de un sistema de asignación de boyas que favorece a determinados operadores y eleva artificialmente los costes para el resto del sector”.

El comunicado advierte de que el riesgo real es que “bajo una apariencia de legalidad formal, se esté configurando una barrera de entrada regulatoria con efectos expulsivos sobre parte de las empresas que desarrollan su actividad en las aguas baleares”.

Desde el plano institucional, el texto plantea una pregunta clave: “¿puede una administración mantener la tramitación de un concurso cuya configuración inicial ha sido declarada incorrecta sin restituir de forma efectiva la igualdad de oportunidades?”. Para los operadores afectados, la respuesta es negativa: “permitir que el procedimiento avance sin una corrección material y sin nueva publicidad convierte la estimación del recurso en un gesto vacío”.

Ante esta situación, las empresas del sector anuncian que “ya estudian la interposición de un recurso contencioso-administrativo con solicitud de medidas cautelares si PORTSIB no garantiza una rectificación completa y verificable del procedimiento”.