VOX propone vetar el acceso con el rostro cubierto en ayuntamientos de Sa Pobla, Manacor y Felanitx

Los grupos municipales de VOX en Sa Pobla, Manacor y Felanix han presentado una moción conjunta para prohibir el acceso a los edificios municipales a quienes oculten su rostro con prendas como el niqab o el burka. La iniciativa será debatida en los próximos plenos: el 5 de febrero en Sa Pobla y el 9 de febrero en Manacor y Felanitx.

Según explican Roberto Vicente, Esteban Sureda y María Vidal, portavoces de VOX en los respectivos consistorios, los ayuntamientos son espacios donde se manejan datos sensibles y se realizan trámites con efectos jurídicos, por lo que consideran imprescindible poder identificar visualmente a las personas que acceden.

“La identificación del rostro es un requisito funcional. No podemos permitir que se presten servicios públicos a personas cuya identidad no puede ser verificada visualmente”, han declarado los representantes del partido.

Seguridad y potestad municipal

La moción argumenta que la ocultación del rostro, especialmente mediante prendas que no tienen arraigo en la cultura española, dificulta las labores administrativas y puede favorecer casos de suplantación de identidad. La medida se ampara en la potestad de autoorganización que poseen los ayuntamientos para salvaguardar la seguridad de empleados y ciudadanos.

Desde VOX subrayan que no se trata de una cuestión religiosa, sino técnica. Aclaran que la prohibición se aplicará a cualquier indumentaria que impida la identificación facial, sin importar su origen cultural.

Solicitan reglamento interno

Los concejales han solicitado a los servicios jurídicos de sus respectivos ayuntamientos que elaboren un reglamento interno que concrete esta prohibición. El objetivo es que la norma esté claramente definida y sea conocida por todos los ciudadanos.

“Es una cuestión de sentido común y de respeto a nuestras normas de convivencia. Los ayuntamientos deben ser espacios seguros donde la transparencia y la identificación personal sean la norma, sin excepciones que pongan en riesgo la seguridad colectiva”, concluyen Vicente, Sureda y Vidal.