Un técnico botánico ha interpuesto una demanda contra la empresa pública Tragsatec y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural por haber sido despedido, según alega, tras denunciar que su contratación era en fraude de ley. El trabajador, representado por el abogado Pablo Alonso de Caso, solicita ser readmitido como indefinido no fijo y reclama 13.000 euros por daño moral.
La denuncia fue presentada ante un juzgado de lo social de Palma. En ella, el demandante sostiene que participaba en un proyecto de conservación de flora con una duración prevista de tres años, lo que, a su juicio, evidencia que la necesidad laboral era estructural y no temporal. Critica que la causa alegada para su contratación —“por circunstancias de la producción”— es genérica y no se ajusta al carácter permanente del servicio.
El técnico afirma que la administración valoraba positivamente su trabajo y no deseaba su relevo, pero que tras denunciar su situación ante la Inspección de Trabajo, fue despedido sin explicación clara. Considera que esta actuación vulnera sus derechos fundamentales y le ha afectado gravemente en el plano personal y laboral, al ver frustrado su proyecto de independencia en un mercado tan precario como el de Baleares.
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