El conseller de Turisme, Cultura i Esports ha trasladado en Madrid la oposición del Govern balear al decreto estatal sobre el registro único de alquiler turístico. También se ha abordado la ampliación de plazos para justificar subvenciones de los planes de sostenibilidad.
Rechazo al decreto estatal sobre el alquiler turístico
El conseller de Turisme, Cultura i Esports de les Illes Balears, Jaume Bauzà, ha asistido a la Conferencia Sectorial de Turisme celebrada en Madrid, donde ha expresado el rechazo de las Illes Balears al decreto que regula el registro único de alquiler turístico.
Durante la reunión, Bauzà ha criticado que la normativa, impulsada por el Ministerio de Vivienda, supone una invasión de competencias y un problema administrativo que, según ha expuesto, perjudica al tejido económico del archipiélago.
Críticas al modelo de registro y a la distribución de competencias
Tras el encuentro, el conseller ha señalado que sea el Ministerio de Vivienda quien lidere una regulación que afecta directamente a la actividad turística, una competencia que ha recordado corresponde a la comunidad autónoma. En este sentido, ha trasladado la preocupación por la posible existencia de un doble registro, que a su juicio genera confusión e inseguridad jurídica.
Bauzà ha advertido de las consecuencias que podría tener que viviendas ya inscritas y legales en los registros autonómicos queden sin validez si no son aceptadas por el registro de la propiedad. También ha reprochado que el nuevo sistema traslade la responsabilidad a los registradores, lo que, según ha indicado, está generando dificultades para pequeños propietarios y familias que cumplen la normativa.
Plazos para justificar las ayudas de sostenibilidad turística
Además del debate sobre el alquiler turístico, en la Conferencia Sectorial se ha acordado que las comunidades autónomas dispondrán hasta el 31 de marzo de 2027 para presentar la justificación administrativa de las subvenciones correspondientes a los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.
Esta ampliación de plazos permitirá que, una vez finalizadas las obras previstas para junio de 2026, el Govern cuente con nueve meses adicionales para revisar, corregir y recopilar la documentación de las entidades locales antes de remitirla a la Secretaría de Estado. Bauzà ha señalado que este margen facilitará la gestión administrativa tras el cierre de las fases de ejecución.
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