El Ajuntament de Palma pide al tercer sector recursos urgentes para reubicar a los ocupantes de la antigua prisión

El Ajuntament de Palma ha instado a las entidades del tercer sector a poner a disposición los recursos de los que dispongan para atender a las personas que actualmente ocupan la antigua prisión, ante el proceso de recuperación posesoria del inmueble iniciado por el Consistorio. Hasta la fecha, se ha notificado a 170 de las 206 personas censadas en el interior del recinto.

Con el objetivo de facilitar la colaboración, Cort ha habilitado el correo electrónico [email protected] para que entidades sociales y particulares comuniquen la disponibilidad de recursos habitacionales. Además, ha remitido una carta a las organizaciones integradas en la red EAPN, solicitando “soluciones urgentes y provisionales” ante una situación que, según ha señalado el primer teniente de alcalde Javier Bonet, requiere una respuesta inmediata y coordinada.

En la misiva, el Consistorio recuerda que, por imperativo técnico y de seguridad, deberá procederse al desalojo del inmueble debido al riesgo cierto de incendio, acreditado en informes municipales, que hace inviable mantener la ocupación sin poner en peligro la integridad de las personas residentes.

Llamamiento a plazas de acogida y recursos de emergencia

El Ayuntamiento ha solicitado a las entidades que ofrezcan plazas de acogida temporal si disponen de ellas, activen recursos residenciales de emergencia, valoren derivaciones prioritarias en programas gestionados por dichas organizaciones y comuniquen cualquier solución habitacional provisional que pueda ponerse en marcha de forma inmediata.

De forma paralela, el área municipal de Serveis Socials mantiene contacto permanente con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), la Conselleria de Asuntos Sociales y el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), con el fin de explorar todas las soluciones posibles en el marco de la colaboración interinstitucional.

El Consistorio también solicitó la pasada semana la colaboración de entidades como Cruz Roja y el Obispado, sin que hasta el momento se haya concretado ninguna alternativa habitacional. “Seguimos buscando alguna entidad o particular que pueda colaborar”, ha reiterado Javier Bonet.

Asimismo, el Ayuntamiento ha instado en varias ocasiones a la Delegación del Gobierno a adoptar medidas dentro de su ámbito competencial, teniendo en cuenta que, según censos municipales previos, aproximadamente el 65% de los residentes en el recinto se encontraban en situación administrativa irregular, datos que están siendo verificados con la Policía Nacional.

Procedimiento administrativo y aumento de incidentes

El pasado viernes se celebró una Junta de Govern extraordinaria en la que se inició formalmente el proceso de recuperación posesoria. Ese mismo día comenzó la notificación individualizada a las 206 personas censadas, concediendo un plazo de cinco días hábiles para presentar alegaciones. Una vez finalizado este trámite y resueltas las posibles alegaciones, se dictará el acuerdo definitivo que obligará a cesar la ocupación en un máximo de cuatro días. En caso de no producirse el abandono voluntario, se solicitará autorización judicial.

Desde el inicio de la legislatura, el Consistorio ha intensificado las actuaciones para garantizar la seguridad en el recinto. Bomberos de Palma realizó 16 intervenciones en 2024, 49 en 2025 y más de una decena en lo que va de 2026. Por su parte, la Policía Local ha efectuado más de 260 actuaciones en el interior del recinto, casi 150 de ellas fuera de sus competencias habituales.

Entre los incidentes más graves figura el incendio del 21 de febrero, en el que fue necesario rescatar a cuatro personas y resultó herido un agente. Al día siguiente se registró otro fuego en las inmediaciones. El 28 de febrero se produjeron nuevos incendios intencionados y una pelea que se saldó con un herido y un detenido.

Control de accesos y refuerzo de la seguridad

El 25 de febrero se instaló un control de acceso que se mantendrá hasta el desalojo completo, con el objetivo de identificar a los residentes y evitar nuevas entradas. Posteriormente se detectaron intentos de acceso de personas llegadas en patera, así como la apertura de un butrón para forzar la entrada.

Ese mismo día, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, detuvo a dos personas residentes en el recinto y a otra persona de nacionalidad argelina incluida en el censo. Además, Bomberos de Palma procedió al apuntalamiento de tres zonas del inmueble y a la instalación de un área de protección ante el riesgo de caída de cascotes.

También se tapiaron pasos intermedios entre la cárcel y la zona de viviendas para evitar accesos sin control y se selló una apertura practicada en una puerta lateral.

Ante la acumulación de residuos y tras la negativa expresada en sesión plenaria a destinar 90.000 euros a la limpieza, el Consistorio instalará esta semana dos contenedores de gran capacidad en las inmediaciones del recinto, con el objetivo de facilitar la limpieza de las zonas comunes y garantizar el acceso de los servicios de emergencia.

“Los incendios provocados continúan poniendo en riesgo a los ocupantes y la situación es de extrema gravedad”, ha concluido Javier Bonet.