Pedro Sánchez anuncia medidas urgentes ante el impacto de la guerra en Oriente Próximo, con bajada de impuestos de la luz y los combustibles y ayudas a los sectores más afectados

El Consejo de Ministros, en una reunión extraordinaria, ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio, con 80 medidas para amortiguar de forma inmediata el impacto sobre hogares y empresas y acelerar la electrificación y el despliegue renovable para reducir la dependencia fósil de forma estructural. En rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Real Decreto-ley entrará en vigor mañana y superará los 5.000 millones de euros, beneficiando a los tres millones de empresas y los 20 millones de hogares del país. Las medidas “no impedirán que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos”, ha señalado.

Por tanto, el presidente remarcó que además del coste en vidas que tiene la guerra, estos primeros meses de conflicto “a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros, que podríamos estar destinando a becas, a sanidad o a dependencia”. En este sentido, ha señalado que “los responsables políticos que se ponen de perfil y no muestran su rechazo claro a esta guerra tienen que explicar que los españoles vamos a tener que poner 5.000 millones de euros con nuestros impuestos para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables”.

“España, el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE”

Pedro Sánchez ha subrayado que cuando mañana entren en vigor estas medidas “España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE” en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos. Asimismo, ha avanzado que las medidas “estarán vigentes el tiempo que sea necesario, y si las circunstancias lo requieren porque la gravedad de la crisis se acentúa, las ampliaremos, porque no es un plan cerrado”. “Si se necesita poner más recursos económicos por parte de la Administración General del Estado, se pondrán”, sentenció.

Ante un horizonte mundial “cargado de incertidumbres” a consecuencia de esta guerra, Pedro Sánchez ha subrayado que “los españoles pueden tener tres certezas”. La primera es que “nuestro país está mejor preparado para hacer frente a esta crisis”; la segunda, que el Gobierno “va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a las pymes, a nuestro sector primario y a la industria española” y, finalmente, que de esta crisis “vamos a salir más fuertes”, como hemos salido en anteriores. Con todo, ha vuelto a exigir “el cese inmediato del conflicto” en Oriente Medio, “que se respete el derecho internacional” y ha vuelto a defender un “No a la guerra”, que ya no es solamente el grito de España, sino un clamor cargado de orgullo y de verdad que está haciendo suyo el mundo entero.

El presidente del Gobierno ha explicado que el Plan Integral de respuesta incluye dos grandes ejes: un primero de carácter coyuntural para “levantar un escudo social para proteger a los hogares y sectores económicos más expuestos” y un segundo de naturaleza más estructural y estratégica, con medidas orientadas a impulsar la soberanía energética y convertir a España en un “país cada vez más resiliente ante crisis externas”. Para complementar todas estas medidas, el Consejo de Ministros ha aprobado un segundo Real Decreto-ley que establece una congelación temporal de los precios del alquiler, similar al aplicado por el Ejecutivo en crisis previas para dar respuesta a la emergencia habitacional y que se negociará con los grupos parlamentarios.

Medidas fiscales: rebaja en los impuestos de los combustibles y en la factura de la luz

En cuanto a las medidas coyunturales, ha detallado que se pone en marcha una “reducción drástica” de la fiscalidad energética, bajando los impuestos sobre la electricidad hasta en un 60%. En concreto, el Real Decreto-ley recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y pellets, al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano. Se baja el IVA al 10%, y los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasóleo hasta el mínimo que permite la directiva europea, lo que se traducirá en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio, ha precisado.

Concretamente, la norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del Impuesto de Hidrocarburos y, para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra. A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que “esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y contener los precios de la cesta de la compra”.

Con el objetivo de garantizar que las ayudas no se desvirtúan y evitar abusos, se va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción, para que “persiga y castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis para enriquecerse”. “Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos”.

Dentro de la factura de la luz, a la rebaja del IVA se suma la suspensión temporal del IVPEE (7%) y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al 0,5%, el mínimo fijado por la Unión Europea.

De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables, junto a bonificaciones para autoconsumo, bombas de calor y rehabilitación energética.

En el Impuesto de Sociedades, se recoge libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles. También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50% el IBI para quienes instalen sistemas de energías renovables, junto a bonificaciones de hasta el 95% para obras vinculadas a estos sistemas.

Escudo social: bono eléctrico y protección a vulnerables

El paquete de medidas prorroga durante todo 2026 el escudo social, mediante descuentos del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y 57,5% para vulnerables severos), el incremento del bono térmico y la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables.

También se bonifican en un 80% los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, con un ahorro estimado de 200 millones de euros, y se flexibilizan los contratos energéticos para empresas y autónomos. Además, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero.

Transición energética: electrificación y renovables

El segundo eje del plan incluye medidas estructurales para impulsar la soberanía energética, con foco en la descarbonización, electrificación y renovables. Entre ellas destacan las deducciones fiscales para placas solares, puntos de recarga y climatización eficiente, así como la agilización de proyectos energéticos.

Se refuerza el autoconsumo, ampliando de 2 a 5 km la distancia entre generación y consumo, y se impulsa el almacenamiento energético mediante baterías y bombeo hidroeléctrico, junto con nuevas fórmulas de comunidades energéticas locales.