Seis autonomías litorales han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica que traslade a la Comisión Europea sus objeciones a la reforma del Reglamento general de costas. Reclaman que su posición se incorpore al expediente abierto contra España.
Las autonomías quieren que su postura conste en el procedimiento europeo sobre la normativa de costas
El Govern de les Illes Balears, junto con la Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia, la Región de Murcia y Cantabria, ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que remita a la Comisión Europea las alegaciones formuladas por estas comunidades al proyecto de modificación del Reglamento general de costas.
Las seis autonomías, que representan la mayoría de los territorios españoles con litoral, quieren que Bruselas conozca su posición antes de resolver el procedimiento abierto contra España por la normativa de costas. Por este motivo, reclaman que sus alegaciones se incorporen íntegramente al expediente europeo.
Cuestiones competenciales y jurídicas
El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha defendido que la Comisión Europea debe escuchar también a las comunidades autónomas que gestionan directamente el litoral y ejercen competencias en materias afectadas por la reforma.
El Govern comparte las dudas jurídicas y competenciales expresadas por las comunidades firmantes. La principal objeción es que el Gobierno de España haya optado por modificar únicamente el Reglamento general de costas y haya dejado para más adelante la reforma de las leyes que también han sido cuestionadas por la Comisión Europea.
Según Lafuente, la modificación puede tener consecuencias directas sobre la gestión del litoral y sobre las competencias autonómicas, por lo que considera que Bruselas debería conocer la posición de los territorios afectados antes de adoptar una decisión.
Alcance del procedimiento europeo
Las comunidades advierten de que una norma reglamentaria no debería utilizarse para resolver cuestiones que afectan a disposiciones con rango de ley, al reparto de competencias entre administraciones y a la seguridad jurídica.
El escrito remitido a la ministra Sara Aagesen recuerda que el procedimiento europeo cuestiona determinados aspectos de la Ley de Costas, de la Ley de protección y uso sostenible del litoral y del propio Reglamento general de costas.
Ante esta situación, las autonomías reclaman una visión más completa del debate y sostienen que la Comisión Europea debe conocer no solo la posición del Gobierno central, sino también la de las administraciones que gestionan el litoral, los puertos, el medio ambiente, la pesca y la acuicultura.
La petición ha sido suscrita por Juan Manuel Lafuente, en representación del Govern de les Illes Balears; el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus; la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Adolfina Martínez Guirado; la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez; el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Región de Murcia, Jorge García; y el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio del Gobierno de Cantabria, Roberto Media.
Las seis comunidades solicitan finalmente al Ministerio que envíe sus alegaciones a Bruselas y que deje constancia de que representan la posición institucional de la mayoría de las autonomías españolas con litoral.
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