Baleares y el Gobierno de España han cerrado un acuerdo para evitar un recurso de inconstitucionalidad a un decreto de medidas en materia de vivienda aprobado por el Govern poco antes de la pandemia.
Se trata de un decreto que, entre otras medidas, obliga a los bancos a ofrecer alquiler social antes de desahuciar, establece la cesión de suelo público para construir VPO con recursos privados y permite al Govern intervenir mediante de tanteo y retracto en operaciones entre grandes propietarios.
El acuerdo se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y el de la Comunidad Autónoma (BOIB). Incluye un total de seis puntos sobre cuestiones interpretativas o con compromisos por parte de la Comunidad para modificar el texto.
Uno de estos compromisos afecta a las compras por tanteo y retracto por parte del Govern en operaciones entre grandes tenedores. El decreto, que fue validado en abril de 2020 por el Parlament, otorga al Govern el derecho preferente de compra cuando un gran tenedor pretende vender sus viviendas a otro gran propietario.
Modificaciones en la normativa
En este sentido, Baleares tendrá que modificar la normativa para eliminar la referencia a la posible fijación, por parte de la Administración, del precio y las condiciones de compra. Se establece que el derecho de retracto se ejercerá siempre por el mismo precio y en las mismas condiciones en las que se produjera la transmisión entre los grandes propietarios.
Precisamente, este año el Govern compró los ocho primeros pisos mediante tanteo y retracto según lo estipulado en el decreto. En este caso la compra se hizo por el mismo precio ofertado, con una media de 112.576 euros por piso. Los inmuebles se incorporan al parque del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), y se prevé aumentar estas adquisiciones a lo largo del año.
Entre otros puntos, otra modificación que el Govern tendrá que introducir hace referencia a la obligación de los grandes propietarios de ofrecer alquiler social antes de ejecutar un desahucio. El texto deberá aclarar que, una vez formulada la oferta de alquiler social, si los afectados la rechazan el propietario no será sancionado administrativamente.
Agilización administrativa
Por otro lado, la comisión bilateral entre el Estado y Baleares también ha abierto negociaciones para resolver discrepancias sobre otro decreto, en este caso uno aprobado en diciembre sobre medidas de agilización administrativa para paliar los efectos de la crisis del COVID-19.
La controversia hace referencia a un artículo sobre la compra hospitalaria de medicamentos genéricos, biosimilares o de marca, entre otros aspectos.
Foto: Europa Press.
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