El presidente de la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca y de la Federación Independiente del Taxi de Baleares, Gabriel Moragues, ha reclamado a la inspección de Transportes “actuaciones inmediatas” porque considera que los conductores de Uber, que han comenzado sus servicios este jueves en Palma, Calvià, Andratx y Llucmajor, “no cumplen” con los 30 minutos de contratación previa.
Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el representante del colectivo, quien ha remarcado que ya han trasladado esta incidencia al director general de Movilidad y Transporte Terrestre, Jaume Mateu, tras la entrada en funcionamiento de esta empresa de vehículos de transporte con conductor (VTC).
Moragues ha explicado que los taxistas mantendrán reuniones con las instituciones para conseguir el “cumplimiento de la normativa”, al mismo tiempo que ha solicitado la puesta en marcha de una inspección de Trabajo porque, a su juicio, la empresa podría estar operando a través de “falsos autónomos o incluso con trabajadores que están contratados para una actividad diferente de la que finalmente se solicita”.
“De momento, las licencias de VTC con las que trabajan vienen de Ibiza, están judicializadas, por tanto, son susceptibles de ser anuladas porque, desde el punto de vista de las asociaciones del taxi, las otorgó el Consell de Ibiza de manera irregular, al incumplir la disponibilidad del coche e irregularidades en los seguros, entre otras cuestiones”, ha aseverado el representante de los taxistas.
En este sentido, ha argumentado que estas licencias de Ibiza son posteriores al ‘Decreto Ábalos de 2018’ –como se denomina popularmente la Ley Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor–. Por tanto, “podían realizar transporte urbano durante cuatro años”, es decir hasta 2022, pero ha puntualizado que debían cumplir los 30 minutos de espera y las que vinieran de otras Comunidades Autónomas con menos de cuatro años de antigüedad, solo podían estar 18 días de cada 90 –un 20 por ciento–.
Esto implica que las autorizaciones de Ibiza quedarían exentas de estas última restricción pero “no han podido comprobar que todas las licencias provengan de dicha isla”, sino solo “el muestreo” que han podido analizar a lo largo de esta mañana. “Sin embargo, al principio dijeron que solo eran 40 autorizaciones y ahora dicen que han empezado 96, pero no sé si es verdad”, ha manifestado.
Preguntado por si la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha declarado ilegal este jueves la limitación del número de licencias de servicios de vehículos de transporte con conductor (VTC) en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a una por cada 30 permisos a servicios de taxi podría tener alguna afectación en Baleares, ha remarcado que, de momento, solo afecta “a la normativa catalana”.
No obstante, ha apuntado que hay otra vista prevista en el TJUE que sí supondría cambios en la normativa estatal, que “se podría celebrar en cuatro o cinco meses”, y en caso de que el tribunal falle en el mismo sentido, “también podría decaer la regulación de 1/30 de nivel estatal”.
“En Baleares hay una normativa propia con un ratio inferior, de uno cada 12, que de momento no está en peligro porque se considera al taxi como servicio público de interés general y esta es una de las excepciones que contempla el TJUE”, ha subrayado, a lo que ha añadido la reclamación de su colectivo para que el Ejecutivo estatal se adelante a la sentencia del TJUE y considere hacer la misma declaración del taxi como “servicio público de interés general”, para justificar la limitación de 1/30.
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