La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra el lunes (09.45 horas) la vista previa al juicio contra 22 personas acusadas de formar una organización criminal dedicada a la sustracción y venta de coches de alta gama.
En el banquillo se sientan un total de 22 acusados, a 21 de los cuales Fiscalía pide penas que suman 200 años de cárcel. Solo para uno pide 90 días de trabajo en beneficio de la comunidad.
Según detalla el fiscal en su escrito, todos ellos formaban parte de una organización que se dedicaba, desde 2015, a robar vehículos de alta gama, falsificar la documentación y venderlos, tanto dentro como fuera de España.
La trama tenía diversas formas de actuar. Fiscalía sostiene que los acusados, además de robar los coches en lugares que estaban aparcados –en la calle o en parkings públicos–, también se los llevaban de depósitos judiciales en los que se encontraban embargados.
Los coches así obtenidos tenían varios destinos, ya que algunos eran despiezados en el desguace propiedad de uno de los acusados o puestos a la venta en la tienda de otro de los procesados, que también los ofrecía en otros países como Bulgaria, Croacia o Alemania. Y a otros coches directamente les cambiaban las matrículas y circulaban por el territorio nacional.
La organización logró la sustracción de, al menos, 47 vehículos, no habiéndose recuperado todos ellos. Y para lograr este propósito, el Ministerio Público relata que la banda estaba perfectamente jerarquizada.
Así, dos de ellos estaban en la “cúspide” e ideaban la forma de hacerse con los coches, ayudados, por ejemplo, por un trabajador de una concesionaria encargada de la gestión del depósito municipal de Son Bugadelles, quien proporcionaba información sobre los coches que estaban en los depósitos.
Una vez localizaban los vehículos, realizaban distintas gestiones para saber si sobre ellos pesaba alguna carga administrativa. Para ello contaban, presuntamente, con la ayuda de un guardia civil, procesado en la causa, que tenía acceso a diferentes registros por su condición de agente. Además, tenía participaciones en un concesionario de coches donde se habrían desplazado miembros de la organización para vender vehículos.
Esta misma función –la de comprobar los registros– también era realizada por otros miembros de la organización, entre ellos un propietario y una administrativa de un desguace de Son Castelló, quienes también tramitaban los contratos de compraventa, entre otras gestiones.
Los coches a los que no se les podía dar salida mediante venta eran despiezados y vendidos por partes, asegura el Ministerio Fiscal.
Los otros acusados, según Fiscalía, realizaban tareas dentro de la organización criminal tales como falsificar documentación, sustraer los vehículos, custodiarlos o sacarlos vía barco a la península y desde ahí a otros estados.
El importe total de lo defraudado no se ha podido determinar, pero se sabe que solo uno de los vehículos sustraídos está valorado en 64.900 euros.
Los hechos descritos son para el fiscal constitutivos de los delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra la seguridad vial, hurto y hurto de uso.
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