La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este miércoles (10.15 horas) la vista previa del juicio a una mujer que, cuando trabajaba en la Fundación para la Atención y el Apoyo a la Dependencia y de la Promoción de la Autonomía Personal, dependiente del Govern, supuestamente manipuló unas oposiciones públicas para favorecer a su hija.
Por ello, la Fiscalía solicita que sea condenada a ocho años de prisión por dos delitos continuados de falsedad en documento oficial, uno en concurso medial con un delito de prevaricación y otro con uno de malversación.
De forma alternativa interesa que se le imponga una pena de tres años y medio de cárcel por falsedad documental en concurso con fraude. En cambio, para la hija pide una pena de cinco meses de prisión por otro delito continuado de falsedad en documento oficial.
Según relata el fiscal en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018, cuando la principal acusada llevaba cerca de un año trabajando en el área de recursos humanos de la citada fundación –enmarcada en la Conselleria de Asuntos Sociales– y se publicó una oferta de empleo público para cubrir una plaza de auxiliar administrativo como interino.
La hija presentó una solicitud para la referida oferta, en la que su madre era la secretaria de la comisión técnica de valoración y, pese a ello, “hizo caso omiso a su deber de abstenerse”, subraya la Fiscalía. La hija pasó la primera fase y fue convocada a la entrevista personal.
No obstante, y a diferencia del resto, la hija presentó la documentación requerida para acreditar sus méritos con anterioridad al día de la entrevista, compulsados “de forma indebida” en tiempo y forma por su madre, según el escrito de acusación.
Entre esos documentos, al menos tres habían sido “manipulados” por la principal acusada y no se ajustaban a la realidad, pues se hacía pasar por directora del Casal de Dones para acreditar que su hija había recibido formación teórica y práctica en varios cursos impartidos en el centro en 2008.
No obstante, recalca la Fiscalía, ni ella fue directora de dicha institución –aunque su empresa sí fue adjudicataria de un contrato del IbDona– ni su hija pudo recibir dicha formación, pues algunos de esos cursos no consta que se impartieran y, en cualquier caso, algunos se solaparían en el tiempo.
Con todo, la madre valoró esos certificados como si fuesen verídicos y, como secretaria del comité, anotó la puntuación en un documento de Excel que después remitió al área de informática para que fueran publicados en la página web de la Fundación. A su vez, siempre según el fiscal, asignó un nota de cero puntos en la entrevista personal de varios candidatos, pese a que el resto de miembros del tribunal aseguran que jamás dieron esa puntuación.
Por otra parte, aprovechando que era la responsable de confeccionar las nóminas y calcular los trienios de los empleados de los Servicios Generales y de los Servicios de Tutelas, cobró un trienio de más de los que le correspondían, lo que se tradujo en un beneficio de 360 euros que ya le han sido descontados.
COMENTA LA NOTICIA