La Policía Local de Palma ha comenzado la mañana de este martes el desahucio de una familia con dos hijos menores de edad que residían en un inmueble de titularidad municipal del barrio de Son Malferit, quienes pasarán a vivir en una autocaravana.
El lanzamiento, que inicialmente estaba previsto para el pasado 23 de diciembre y que fue aplazado hasta este martes, ha comenzado poco después de las 09.00 horas y, pasadas las 12.00 horas, seguía llevándose a cabo. Los padres y los dos menores, de cuatro y 14 años de edad, han retirado sus pertenencias del que ha sido su lugar de residencia durante los últimos seis años, cuatro de ellos empadronados.
Así lo ha explicado a Europa Press la portavoz de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca, Ángela Pons, quien ha estado presente en el desahucio y quien ha lamentado que el Ayuntamiento de Palma no haya sido capaz de facilitarles una alternativa habitacional acorde con sus necesidades.
Según Pons, Cort ha ofrecido a la familia una plaza en un albergue municipal con unos horarios que imposibilitarían a los padres –María Ramón– poder seguir desempeñando su trabajo en mercadillos y vendiendo chatarra. “No es una solución”, ha sentenciado la portavoz de la PAH.
Además, ha reprochado que el Ayuntamiento haya ofrecido dicha plaza cuando, de acuerdo con la información que le han remitido desde los servicios sociales, hay una larga lista de espera para entrar en el albergue.
Pons se ha puesto en contacto esta mañana con la regidora de MÉS per Palma Neus Truyol, quien a su vez ha hablado con el alcalde, Jaime Martínez, acerca de este desahucio. Según ha explicado la portavoz de la PAH, Martínez ha asegurado que hablaría con la regidora de Servicios Sociales, Lourdes Roca, para estudiar la posibilidad de encontrar una alternativa para esta familia, aunque no se ha concretado cuál.
También le ha trasladado la imposibilidad de frenar el lanzamiento debido a que en ese solar se debe habilitar un nuevo punto verde de Emaya, cuya instalación está financiada con fondos europeos que exigen unos plazos de ejecución que no dejan margen para seguir aplazando los trabajos.
María, Ramón y sus dos hijos pasarán ahora a vivir en una autocaravana que les han prestado, ha señalado Pons. Varios de los perros que tenían han sido puestos a disposición de la perrera municipal.
En ese recinto, ha recordado la portavoz de la PAH, vivían otras dos familias –también con trabajo, pero que no podían permitirse el pago de un alquiler– que finalmente han encontrado, por su cuenta, un nuevo lugar en el que vivir.
“Esta situación pone de manifiesto la falta de vivienda social, porque el Ayuntamiento no ha tenido solución para una familia con menores”, ha reprochado Pons, quien ha calificado la crisis de la vivienda como una “emergencia”.
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