La postura se basa en un informe estatal de diciembre de 2025
El Govern de les Illes Balears ha dirigido una carta al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) para expresar su oposición a la propuesta de permitir la inscripción en los servicios públicos de empleo de personas extranjeras que aún no disponen de autorización administrativa de residencia ni de trabajo.
La propuesta se basa en un informe del SEPE de diciembre de 2025 que plantea, de manera excepcional y condicionada, la inscripción como demandantes de servicios previos al empleo de determinados colectivos. Entre ellos se incluyen personas extranjeras que han solicitado una autorización de residencia por arraigo socioformativo y que se encuentran pendientes de resolución por parte de las autoridades de extranjería.
Cuestiones jurídicas y competenciales
Según la Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, el informe del SEPE no ofrece cobertura jurídica suficiente para los supuestos planteados, al implicar la inscripción de personas sin autorización administrativa de residencia ni de trabajo. Además, el documento no prevé las consecuencias que tendría dicha inscripción en caso de una resolución desfavorable en materia de extranjería.
El Ejecutivo balear considera que la regulación de la inscripción de estos colectivos en los servicios públicos de empleo debería realizarse mediante una norma jurídica estatal y no a través de informes o criterios interpretativos. En este sentido, advierte de que se traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de responder a una problemática derivada de una competencia estatal.
Impacto territorial y financiación
El Govern subraya que cualquier decisión en este ámbito debe ir precedida de una valoración previa del impacto territorial y de una dotación económica suficiente. Señala que esta necesidad es especialmente relevante ante la situación actual de falta de financiación para atender a este colectivo en las Illes Balears.
La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social ha manifestado que el Govern defiende una política migratoria legal y ordenada, que no traslade a las comunidades autónomas el peso de la inmigración irregular, también en el ámbito de las políticas de empleo.
Servicios de empleo y estrategia autonómica
En este contexto, la consellera ha explicado que se debe evitar la sobrecarga de los servicios de empleo y las interferencias en el despliegue de la estrategia propia de inserción laboral del Pla d’Ocupació de les Illes Balears, orientada principalmente a las personas desempleadas residentes en el archipiélago.
Asimismo, ha indicado que el Govern mantiene la voluntad de seguir trabajando de forma conjunta para impulsar un desarrollo normativo que dé respuesta a esta problemática, siempre que cuente con una asignación adecuada de recursos y garantice la seguridad jurídica del sistema.
Regularización extraordinaria
En relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno central mediante real decreto, la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social ha afirmado que este enfoque no refuerza la gestión de Extranjería ni agiliza los procesos administrativos.
Según ha señalado la consellera Cabrer, esta medida abre los servicios públicos de las comunidades autónomas sin una planificación específica ni recursos asociados, y ha advertido de que podría generar un nuevo efecto llamada hacia territorios como las Illes Balears.
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