El Govern de les Illes Balears ha reiterado su apoyo al proyecto del segundo enlace eléctrico entre la Península y el archipiélago, al considerarlo una infraestructura esencial para garantizar la seguridad del suministro y avanzar en la transición energética. El Ejecutivo autonómico sostiene que la iniciativa se ha diseñado buscando el menor impacto ambiental posible y priorizando el interés general.
El director general de Energía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, participó en una sesión informativa abierta a la ciudadanía convocada por la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares, junto a responsables de las áreas de Energía y Medio Ambiente. El encuentro tuvo como objetivo explicar los detalles del proyecto y resolver dudas de los vecinos.
El Govern ha defendido que su participación responde a un compromiso de transparencia y a la voluntad de explicar el trabajo realizado para definir la mejor solución técnica y ambiental posible, siempre con especial atención a la protección de los residentes de Alcúdia.
Un proceso participativo sin precedentes
Por primera vez en un proyecto de estas características, el Govern ha liderado una mesa de trabajo conjunta en la que han participado el Ayuntamiento de Alcúdia, el Consell de Mallorca, representantes vecinales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el promotor del proyecto, Red Eléctrica.
Los estudios técnicos, ambientales y normativos concluyen que el trazado marítimo con entrada por sa Ferradura es la opción más adecuada. Según los informes, esta alternativa presenta un impacto ambiental significativamente menor, con efectos sobre la posidonia hasta once veces inferiores en comparación con otras opciones analizadas.
En cuanto al trazado terrestre, la propuesta consensuada permite reducir en más de un 60 % el paso del cable por zonas próximas a viviendas, incorporando además medidas adicionales para minimizar molestias a los vecinos.
Seguridad y garantías del suministro
El Govern ha descartado otras alternativas, como la instalación del cable sin soterrar sobre el fondo marino, al considerar que no son técnicamente viables y que comprometerían tanto la seguridad de la infraestructura como la del suministro eléctrico.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico recuerda su obligación de garantizar un servicio esencial con todas las garantías, evitando situaciones como las registradas en Menorca en 2016 o en Formentera, donde incidencias en el cableado provocaron interrupciones del suministro.
Finalmente, el Govern de les Illes Balears ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento estricto de la normativa autonómica, estatal y europea, así como con la mejora continua del proyecto dentro de los límites técnicamente viables.
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