La Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua considera que los cambios anunciados por el Estado no suponen avances en la descentralización. También advierte de posibles efectos negativos en la gestión del litoral.
La Conselleria cuestiona la falta de diálogo y reclama mayor interlocución con el Estado
La Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern de les Illes Balears considera que el anuncio realizado por el Ministerio de Política Territorial sobre la modificación del Reglamento General de Costas no supone avances en la descentralización efectiva de las competencias transferidas a las comunidades autónomas y, en algunos aspectos, puede representar un retroceso.
Según la Conselleria, las medidas anunciadas por el Estado, fruto de una negociación bilateral exclusivamente con Cataluña y sin consenso previo con el resto de comunidades autónomas afectadas, ya estaban previstas en el Decreto de Traspaso de competencias de Costas a Baleares, por lo que no constituyen novedades ni refuerzan el autogobierno.
Riesgo de mayor paralización administrativa
El departamento autonómico señala que el mecanismo de notificación al Estado de los expedientes de concesiones demaniales y el plazo de dos meses para emitir criterio ya figuraban en el marco competencial vigente. Añade que la propuesta de modificación reglamentaria introduce el riesgo de convertir determinados informes vinculados a estrategias marinas en mecanismos de silencio administrativo negativo.
A su juicio, esta situación podría derivar en una mayor paralización de los procedimientos y en más inseguridad jurídica en la gestión del litoral.
Reclamaciones pendientes y financiación
La creación de una Comisión de Seguimiento del traspaso, según la Conselleria, tampoco representa una medida nueva, ya que este órgano estaba previsto y desde el Govern de les Illes Balears se reclama su convocatoria desde hace más de tres años sin respuesta del Estado.
El Ejecutivo autonómico recuerda que presentó alegaciones al proyecto de modificación del Reglamento de Costas y señala que el Gobierno central no participó en las comparecencias celebradas en el Senado con las comunidades afectadas. También indica que sigue pendiente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Costas y que el Senado aprobó recientemente una moción solicitando la paralización de la reforma y la apertura de un proceso de diálogo para abordar una modificación más amplia de la Ley de Costas.
Por otro lado, la Conselleria reclama que el Estado revierta a Baleares parte de los más de 12 millones de euros anuales que recauda en las islas a través del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre. El Govern señala que, pese al traspaso de competencias, la comunidad asume íntegramente los costes de gestión del litoral sin recibir compensación económica ni inversiones proporcionales para actuaciones como la regeneración de playas, la protección de acantilados, la limpieza del litoral o la adaptación al cambio climático.
La Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua reitera su voluntad de cooperación institucional y solicita al Estado una interlocución efectiva y medidas que permitan agilizar la gestión del litoral balear.
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