Las comunidades autónomas alertan de incumplimientos en la tramitación del proyecto de Real Decreto sobre seguridad y salud de los bomberos forestales.
Reclaman al Gobierno una participación real en su elaboración y la incorporación del conocimiento operativo.
Las autonomías solicitan reiniciar el proceso para garantizar una elaboración conjunta y ajustada a la ley
Baleares, junto a Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Valencia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ha manifestado su preocupación por el incumplimiento de la Ley básica de bomberos forestales en la elaboración del proyecto de Real Decreto que debe establecer las disposiciones mínimas de protección de la seguridad y salud en los operativos de extinción de incendios.
La iniciativa normativa deriva de la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, cuya disposición final primera encargó al Gobierno de España aprobar en el plazo de un año, previo acuerdo con las administraciones competentes y de forma conjunta con ellas, un reglamento específico en materia de prevención de riesgos laborales para este colectivo.
Cuestionamiento del procedimiento
Las comunidades consideran que no se han respetado ni los plazos ni el procedimiento previsto. Señalan que el plazo de elaboración ha sido superado y que el proceso no ha respondido al principio de trabajo conjunto, al limitarse la participación autonómica a fases de información pública y reuniones sobre textos previamente definidos.
Asimismo, indican que la mayoría de las aportaciones consensuadas por las administraciones autonómicas han sido desestimadas.
Observaciones técnicas al borrador
Desde el punto de vista material, las comunidades sostienen que el texto actual no incorpora de forma suficiente el conocimiento operativo de la extinción de incendios forestales, lo que podría generar disfunciones en la gestión de emergencias. Por ello, reclaman la intervención del responsable operativo de extinción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF).
Advierten de que determinadas previsiones podrían afectar a la eficacia en la toma de decisiones durante las intervenciones y generar inseguridad jurídica para los responsables operativos y de seguridad y salud laboral.
Las autonomías reiteran su compromiso con la protección de la salud de los trabajadores y subrayan que la prevención de riesgos laborales debe adaptarse a las características específicas de la actividad, considerada un servicio esencial de protección civil.
Petición de reinicio del proceso
Ante esta situación, las comunidades y ciudades autónomas, entre ellas Baleares, solicitan al Gobierno de España y al Ministerio de Trabajo y Economía Social que retomen el proceso de elaboración del Real Decreto, garantizando la participación efectiva de los gobiernos autonómicos, la creación de grupos de trabajo mixtos entre el Estado y las comunidades y la integración del conocimiento técnico y preventivo.
El objetivo es contar con un marco normativo que refuerce la seguridad y salud laboral sin comprometer la eficacia de los operativos de extinción de incendios forestales.
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