El Ejecutivo autonómico reúne a administraciones, fuerzas de seguridad y sector del transporte para impulsar protocolos comunes y nuevas medidas sancionadoras. La iniciativa se centra especialmente en aeropuertos, puertos y zonas de alta demanda.
Primera reunión del grupo de trabajo específico en transporte terrestre
El Govern de les Illes Balears ha avanzado este miércoles en la coordinación de actuaciones entre distintas administraciones, policías locales y la Guardia Civil de Tráfico contra el transporte ilegal de pasajeros en las islas, especialmente en zonas como los aeropuertos. La iniciativa se ha abordado en la primera reunión del grupo de trabajo específico en materia de transporte terrestre creado en el seno de la Mesa de Lluita contra l’Intrusisme.
Al encuentro han asistido una treintena de representantes de administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales. Entre ellos, representantes de distintos departamentos del Govern de les Illes Balears, la Delegación del Gobierno central en las islas, los consells insulares y el Ajuntament de Palma, así como Aena y la Autoritat Portuària de Balears.
También han participado la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Palma, las organizaciones empresariales CAEB y PIMEB, representantes de la Federació Balear de Transport Terrestre (FEBT) y asociaciones del sector del taxi, los sindicatos UGT y CCOO, y la Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears (Consubal), entre otros.
Tres ejes de actuación
El Govern trabaja en tres ejes principales: el normativo, con un paquete de nuevas medidas legislativas ya en vigor para reforzar la capacidad de inspección y sanción ante actividades ilegales, especialmente en aeropuertos, puertos y otras zonas de alta demanda; la coordinación institucional para acordar protocolos comunes de inspección; y la mejora de la formación dirigida a policías locales y técnicos municipales de movilidad.
La directora general de Movilidad, Lorena del Valle, destacó el trabajo conjunto para disponer de planes de acción coordinada y protocolos comunes de inspección, en colaboración con ayuntamientos, policías locales y la Guardia Civil de Tráfico, con el objetivo de facilitar la detección y sanción de actividades irregulares. También señaló la continuidad de las acciones formativas desarrolladas en la Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) y el impulso de nuevos planes formativos.
Nuevas medidas sancionadoras
Entre las iniciativas expuestas figura la prohibición de estacionamiento de minibuses y autobuses no precontratados en espacios como aeropuertos, puertos y estaciones de transporte público. El estacionamiento irregular en estas zonas pasará a considerarse infracción muy grave, con multas de entre 1.001 y 6.000 euros, una conducta que hasta ahora no estaba regulada de forma específica.
Los cambios normativos también contemplan un aumento de las sanciones por captación ilegal de clientes por parte de minibuses y autobuses fuera de las oficinas de la empresa transportista, con multas de entre 6.001 y 12.000 euros. Esta misma cuantía se aplicará a los vehículos con conductor (VTC) que capten clientes en la vía pública o presten servicio sin autorización, actuaciones que pasan a calificarse como infracciones muy graves.
Desarrollo normativo del sector
El Govern ha impulsado esta modificación legislativa tras aprobar este año el primer reglamento autonómico que regula los servicios de taxi y VTC en Baleares, en desarrollo de la Ley 14/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las islas. El reglamento refuerza la obligación de contratación previa de los VTC e incorpora criterios objetivos para limitar nuevas autorizaciones en función de los niveles de congestión viaria o de calidad del aire, entre otras medidas.
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