La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha valorado muy positivamente la decisión del Estado de exigir a partir del 23 de noviembre a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo una PCR negativa en las últimas 72 horas para poder entrar en el territorio español.

La presidenta ha valorado el acuerdo que supondrá que “la práctica totalidad de los pasajeros internacionales” tengan que presentar la prueba en estos momentos. “Es una medida clave, así lo hemos pedido de forma insistente. Una presión que hemos hecho juntos socialmente, políticamente e institucionalmente para conseguir este avance fundamental para nuestras islas”, ha subrayado Armengol, y ha incidido: “Queríamos una estrategia común europea para garantizar la movilidad”, por lo cual ha insistido en la importancia de que el gobierno del Estado y la UE avancen en este sentido.

El Estado, que se encargará de la operativa, ha tomado esta decisión en el marco de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, entre el ministro Salvador Illa y los responsables sanitarios de todas las comunidades autónomas. De este modo, esta exigencia se suma a los controles sanitarios que hasta ahora se llevaban a cabo a todos los pasajeros internacionales en los puntos de entrada, como el control visual y de temperatura, así como el formulario de control sanitario que los viajeros tienen que rellenar. Es, de hecho, en este formulario donde el viajero tiene que incluir si dispone o no de la PCR negativa y en cualquier momento se le podrá solicitar la acreditación del resultado de la prueba. En caso de que no lleguen con la PCR negativa, se les sancionará.

En el caso de la Unión Europea, los países de riesgo son aquellos con una incidencia acumulada a 14 días de 150 por cada 100.000 habitantes. En cuanto al resto de países, la referencia básica también será la incidencia acumulada según los criterios de la UE.

Vacuna

Armengol ha explicado también que Illa ha anunciado que en los próximos días la UE cerrará un contrato para la compra de la vacuna de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech, que sería eficaz en un 90% de los casos y podría empezar a distribuirse durante la primera mitad del 2021. Al Estado le corresponderían unos 20 millones de vacunas. En este caso, Armengol ha apuntado que, según las previsiones del ministro, el mes de mayo un porcentaje elevado de la población española y europea estaría vacunada.

Foto: GOIB