El fiscal retira la acusación a Pascual y otros cinco procesados de Peaje y firma acuerdos de rebaja con el resto

por | 5 Sep, 2022 | Justicia, Mallorca, Política, Portada

El conocido como caso Peaje, el último gran caso de corrupción de la etapa de Unió Mallorquina, se ha cerrado este lunes con un acuerdo entre Fiscalía, Consell de Mallorca y defensas con el que se ha retirado la acusación contra el exconseller Antoni Pascual y otros cinco procesados, se han declarado prescritos los hechos para otros tres y se han pactado importantes rebajas de penas para el resto, junto al pago de multas.

En este caso iniciado en 2009 se investigaba un presunto desvío de de fondos del Consell de Mallorca, durante las ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor entre los años 2005 y 2006. La Audiencia había habilitado un espacio en los Juzgados de Sa Gerreria para poder acoger las sesiones con un jurado, que finalmente no ha llegado a enjuiciar el caso gracias a este acuerdo entre las partes.

El acuerdo ha sido posible gracias a un pacto entre la acusación particular del Consell de Mallorca y la concesionaria de las obras, Pamasa, con el que se regulariza el contrato de gestión de la carretera Ma-15. En este documento, la concesionaria se compromete a retirar los contenciosos administrativos interpuestos contra el Consell, por valor de entre 350 y 400 millones de euros.

Además, dado que el procedimiento penal se ha alargado durante tanto tiempo –los hechos se remontan a 2005 y la causa se inició en marzo de 2009–, se ha apreciado una atenuante de dilación extraordinaria e indebida para la rebaja de las condenas.

No ingresarán en prisión

Con el acuerdo, quedan exculpados además de Pascual: el responsable de la sociedad concesionaria Pamasa; el jefe de obra; la propietaria de una finca, considerada inicialmente colaboradora de la trama; y el responsable de seguridad y salud de la UTE encargada de las obras. Igualmente se consideran prescritos los hechos para otros tres particulares investigados.

El resto de procesados han aceptado penas que en total suman cuatro años y medio de cárcel por tres delitos de cohecho pasivo, un delito continuado de cohecho activo y tres delitos de fraude a la administración. En detalle, han asumido estos delitos el exdirector insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar; el director de obra del Consell, Francisco Orejudo; el responsable de la UTE, José Javier Navarro; y el vigilante de la obra por parte del Consell, Gabriel Mestre.

Sin embargo, las penas individuales no comportan cumplimiento efectivo de cárcel: la pena individual más alta es para Navarro, que ha aceptado un año y nueve meses de prisión por cohecho pasivo y fraude a la administración.

Además se ha acordado el pago de multas que suman 70.000 euros y el decomiso de 40.000 euros. Las penas también incluyen condenas de inhabilitación para empleo público, lo que implica la separación del servicio del único funcionario que estaba aún en activo.

Entramado de dádivas

Los condenados han reconocido haberse aprovechado de sus funciones públicas en el Consell y haber participado en un entramado de dádivas mediante trabajos en beneficio propio o de sus allegados, facturándolos a la UTE constructora, si bien el acuerdo con la Fiscalía recoge que «no consta que finalmente esos costes hayan sido repercutidos por Pamasa al Consell». Inicialmente se había estimado el desvío de dinero público en 42 millones de euros por el sobrecoste del precio del contrato y las obras, pero esta calificación ha quedado fuera del acuerdo entre las partes.

Supuestamente, estas dádivas también pretendían conseguir un trato de favor en la supervisión de las obras y la concesión, pero no se considera acreditado que dicha conducta se produjera por parte de los funcionarios.

El acuerdo detalla diversas obras, como reformas y trabajos de albañilería en domicilios privados en lugar de en la carretera, así como instalaciones eléctricas de alumbrado y trabajos de fontanería.

Una de las circunstancias que han precipitado este acuerdo es la discusión respecto a las pruebas periciales sobre la valoración de las obras de la vía. Una de las defensas ha manifestado, a su salida del Juzgado, que el escrito original de la Fiscalía «era bastante incompleto» y «no tenía mucha prueba en la que apoyarse».

Plan económico

El acuerdo firmado por los servicios jurídicos del Consell implican que la concesionaria retire diversos recursos contra la institución insular, con los que la empresa solicitaba más de 45 millones de euros y una nueva interpretación de la tarifación del canon anual.

Esa tarifa hubiera implicado que, al finalizar la concesión en 2042, el coste final de la carretera se situase en 955 millones de euros, unos 400 millones más que el lo que supone el contrato vigente en la actualidad, según el Consell.

Así, el acuerdo entre el Consell y la concesionaria incluye la reordenación de la vida económica de la concesión, ajustando el precio final por debajo de los 500 millones. Además, la institución considera que con el pacto con la Fiscalía y las defensas se aseguran «las condenas por las conductas delictivas más graves», y ha destacado que se reconoce el sobrecoste de la inversión inicial y la racionalización a la baja de los gastos de conservación y mantenimiento a cargo de la concesionaria.

Ello se traduce en una reducción de tarifas y una vuelta a las condiciones originarias de la oferta en 2004 en cuanto a previsión de tráfico y rendimiento esperado por la concesionaria, cerrando el conflicto por la retribución variable –el llamado ‘peaje en la sombra’– entre la empresa y la institución insular.

Pamasa asume también el pago de las costas generadas al Consell.

Las condenas

El exdirector insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, ha aceptado una pena de nueve meses de prisión e inhabilitación para cargo público por cuatro años y medio por cohecho pasivo y fraude a la administración.

El director de obra del Consell, Francisco Orejudo, ha asumido una pena de un año de cárcel, inhabilitación por seis años y una multa de 25.000 euros.

El vigilante de la obra por parte del Consell, Gabriel Mestre, ha asumido un año de cárcel, inhabilitación por seis años, multa de 10.000 euros y decomiso de 40.000 euros.

Finalmente, el jefe de producción de la UTE, José Javier Navarro, acepta un año y nueve meses de cárcel; inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público o gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un año; y multa de 1.800 euros.

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