La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles en un informe protocolos de acción “claros” contra el abuso de menores tutelados en Baleares para “evitar presiones políticas”, además de señalar “encubrimientos políticos” y reclamar que los tribunales diriman “cualquier responsabilidad a nivel político” frente a estos casos, en un texto que ha rechazado la izquierda tras denunciar una “manipulación” por parte de la derecha.

El informe, aprobado con 20 votos a favor y solo uno en contra después de que los grupos de la izquierda hayan salido en bloque de la sala, recoge las conclusiones de la misión de eurodiputados que estuvo en Baleares en abril para investigar los supuestos casos de abusos sexuales a menores tuteladas por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

Entre las recomendaciones, el texto pide reforzar los protocolos y que en caso de abusos los responsables de la tutela de menores comparezcan de inmediato ante la justicia, así como iniciar investigaciones de oficio objetivas e imparciales en los tribunales regionales o nacionales para determinar “cualquier responsabilidad a nivel político y garantizar que ninguna autoridad política pase por alto, encubra o subestime sus responsabilidades en casos de abuso de menores bajo tutela”.

El informe señala igualmente la necesidad de incrementar sustancialmente los recursos del sistema de protección, “agilizando todas las investigaciones de casos de abuso o explotación infantil, especialmente ante el riesgo potencial de encubrimientos políticos”. E insiste en la prevención de estos escándalos y en que se pongan en marcha “protocolos de acción claros para posibles víctimas de abuso”, de tal forma que se identifique de forma temprana estos casos de explotación sexual y se eviten “presiones políticas”.

PARLAMENTO EUROPEO

Además apoya seguir investigando esta situación a nivel del Parlamento Europeo, adelantando que pedirá la opinión de las autoridades españolas para todas las investigaciones que se realicen a nivel local, autonómico o nacional, así como las judiciales. “Dada la gravedad de la situación y el hecho de que las Islas Baleares es la región con más niños en situación de riesgo de toda España, conviene seguir de cerca la implementación de las medidas propuestas”, resume el informe.

Las recomendaciones apuntan a crear en Baleares centros de protección específicos de menores con problemas de conducta de tal forma que los menores especialmente amenazados sean trasladados a otros centros para cambiar su entorno social. A propuesta del PP se incluye además estudiar la distribución de estos centros según los perfiles de los menores con diferentes riesgos y señala la necesidad de “segregar a las víctimas de abusos sexuales infantiles de las víctimas de explotación sexual”.

En la votación en comisión también ha salido adelante una enmienda de los conservadores europeos, grupo que engloba a Vox, para “acelerar los procedimientos de retorno de menores a sus padres o tutores legales en aquellos casos donde se ha demostrado una recuperación de la capacidad de ejercer la tutela parental”.

LA IZQUIERDA DENUNCIA “MANIPULACIÓN” DEL INFORME Y LA MISIÓN

El informe final ha sido adoptado con 20 votos a favor y solo uno en contra después de que los grupos de la izquierda hayan salido en bloque de la sala, en medio de críticas al informe y al procedimiento seguido en su elaboración.

Según Cristina Maestre, del PSOE, se trata de una misión y un informe “manipulados” por la derecha española. “Nada tiene que ver con las políticas de tratamiento y protección del menor, sino que se basa en ataques al Gobierno de España, promueve la segregación de jóvenes y es una aberración que daña el prestigio de la Eurocámara”, ha denunciado, tras anunciar que su grupo rechazaría el texto.

En la misma línea, Ana Miranda, del BNG y encuadrada en los Verdes, ha criticado que la redacción del informe se haya dilatado siete meses, en lugar de los tres que son habituales y sin tener en cuenta los comentarios ni acuerdos de otros grupos para su lenguaje. A su juicio, la versión final del informe sobre la situación de los menores tutelados en Baleares supone una “desaprobación de las autoridades regionales sin fundamento”.