El Parlament ha aprobado parcialmente una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PSIB en la que se solicita al Govern que mantenga el marco normativo de normalización lingüística, que garantice la atención de la Administración en catalán y que diseñe un plan de formación lingüística en el ámbito sanitario.

Estos han sido los dos unos únicos puntos que han recibido la aprobación con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox, que ha votado en contra del mantenimiento de la normativa de normalización y se ha abstenido para el resto de cuestiones.

Los puntos que han quedado rechazados estaban relacionados con la petición de que el catalán siguiera siendo un requisito para la función pública, que se reconozca que el catalán no es un problema para incrementar las plantillas sanitarias, que no se utilice la libre elección de lengua para rebajar la presencia del catalán en las aulas o que el Govern recupere en su organigrama la normalización lingüística.

Del mismo modo, se pedía que las empresas contratistas en materia de seguridad acreditaran que su personal que trabaja de cara al público es competente en catalán o solicitar al Gobierno central que puede dirigirse en catalán a la Administración ubicada en Baleares.

La encargada de defender la PNL ha sido la diputada del PSIB Amanda Fernández, quien ha comenzado su intervención con citas a los artículos de la Constitución y el Estatut d’Autonomia en materia lingüística. Acto seguido ha interpelado al Grupo Parlamentario del PP para que aclaren si son más cercanos a los postulados de los expresidentes Gabriel Cañellas, “de consensos”, o José Ramón Bauzá, “que intentó romper con todo”.

También les ha recriminado la eliminación del requisito del catalán en algunas categorías profesionales del ámbito sanitario y los puntos del pacto de investidura PP-Vox que hacen referencia a la lengua, por lo que ha pedido “sentido común a los diputados del PP”.

Por parte del Grupo Mixto ha participado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha calificado la PNL de “necesaria” para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos lingüísticos. En ese sentido, ha reivindicado que se necesita reforzar la presencia del catalán en el sistema educativo para que los alumnos recién llegados tengan una exposición a la lengua.

“Aquí está la solución cara, que es poner recursos para que los ciudadanos tengan estos derechos, y la barata, que es hacer obligatorio únicamente el castellano y el catalán queda desprotegido”, ha alegado.

Por este motivo, ha pedido garantizar un ecosistema para que los catalanoparlantes puedan usar su lengua “en cada uno de los servicios de la administración”, ha puntualizado.

La representante del PP que ha participado en el debate ha sido la portavoz adjunta, Marga Durán, quien ha censurado que este tipo de PNL son “un arma de confrontación” y para ello han propuesto diferentes enmiendas a la propuesta. “No se cambiará ninguna ley que modifique el estatus del catalán como lengua propia porque esto lo marca el Estatut d’Autonomia”, ha argumentado.

Asimismo, ha resaltado las prórrogas que hacía el anterior director del IBSalut para la exención del catalán al personal sanitario. “En el lado de la lengua catalana encontrarán siempre al PP pero nunca en el de la confrontación”, ha insistido.

Más tarde ha tomado la palabra la portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, quien ha lamentado “la imposición del catalán, el trato discriminatorio del uso del castellano” y la “labor uniformadora de las lenguas de Baleares, en un catalán estándar ortopédico que no hablaba nadie”.

En ese sentido, ha anunciado que Vox exigirá al Govern la libre elección de lengua en todas las etapas educativas, la creación de una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística o la eliminación del requisito del catalán para todos los puestos de la administración pública que no requieran desarrollar competencias de un traductor o filólogo.

Por último, ha intervenido la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon, quien ha destacado los consensos alcanzados para aprobar en su día el Estatut d’Autonomia, la Ley de Normalización Lingüística y el decreto de mínimos en la educación y la Ley de la Función Pública de Baleares.

A continuación, también ha repasado las diversas movilizaciones a las medidas de diferentes ejecutivos autonómicos en contra de la lengua y ha pedido si será “el PP de los consensos o el de la confrontación”.