La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este lunes, 23 de octubre, a las 09.30 horas, la vista previa al juicio contra dos hombres y una mujer acusados de un delito continuado de estafa, agravada por la cuantía y por tratarse de un bien de primera necesidad, la vivienda.

Fiscalía pide para los acusados 21 años de cárcel en total y multas que ascienden hasta los 43.200 euros, en el supuesto de que finalmente la pena de prisión impuesta resulte inferior a cinco años.

Los hechos se remontan a finales de 2016 y principios del 2017, cuando uno de los acusados constituyó una sociedad, que tenía por objeto social la fabricación de fibrocemento, promoción inmobiliaria, prefabricados de hormigón, con el fin de dedicarse a la construcción y venta de viviendas. En dicha empresa, también comenzó a trabajar la mujer del acusado, realizando trabajos para ayudarle, dado que él era el administrador de la citada sociedad.

Ambos acusados se dedicaron a captar clientes, según la Fiscalía, haciéndoles creer que podían realizar las viviendas, en un corto periodo de tiempo y a un precio inferior al normal, gracias a un sistema modular, del que habrían obtenido un certificado emitido por un instituto de ciencias de la construcción y que les permitiría realizar el cerramiento de fachadas con paneles prefabricados con un material llamado GRC.

En realidad, ha precisado el Ministerio Fiscal, este documento de idoneidad técnica (DIT), había sido falsificado, por los denunciados, cogiendo el certificado 600/13 que había sido emitido para la empresa Housing Formula S.L, y sustituyendo el nombre de esta, que nada tenía que ver con los acusados, por el de la sociedad que habían creado.

Los acusados se anunciaban así en páginas de Facebook y crearon su propia web, anunciándose también en páginas especializadas en construcción, para captar clientes, realizando ofertas más bajas de las convencionales y pidiendo pagos a cuenta para la construcción de viviendas. Todo, según Fiscalía, a sabiendas que no podrían construirlas al carecer de los conocimientos técnicos necesarios y del personal adecuado, abriendo incluso unas oficinas en Inca.

Un año después del comienzo de las operaciones y debido a que los acusados no estaban cumpliendo con las obligaciones derivadas de los contratos asumidos, la situación de la sociedad comienza a ir mal, por lo que deciden crear una nueva empresa, invitando a participar al tercer acusado, que en un primer momento había sido cliente, pues se quería realizar también una casa, pero acaba invirtiendo en la empresa hasta adquirir un 30 por ciento.

Desde el momento en que se constituye esta segunda empresa y que comienza a funcionar el 21 de febrero de 2018, los tres acusados, conocedores de todas las circunstancias antes mencionadas, actúan indistintamente como administradores de hecho, según Fiscalía, hablando con los clientes y captándolos para nuevas operaciones a pesar de saber que no se había acabado ninguna de las obras proyectadas y que no podrían acabarse al no disponer de los medios, ni de los conocimientos técnicos.

Finalmente, con motivo de estos hechos, Fiscalía pide a los tres acusados, que abonen una indemnización a las víctimas, en concepto de responsabilidad civil, por valor de 541.925,7 euros.