El expolítico ha recogido este lunes la notificación en el TSJIB

La representación del exdiputado del PP Álvaro Gijón estudia la sentencia que condena a los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, para decidir si la recurre ante el Tribunal Supremo.

El expolítico ha acudido este lunes a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a recoger formalmente la correspondiente notificación. A preguntas de los medios, Gijón ha rechazado valorar la sentencia ni hacer ningún tipo de declaración, más allá de limitarse a señalar que están estudiando el contenido.

Gijón ha coincidido en el Palacio de Justicia con uno de los policías condenados, el subinspector Miguel Ángel Blanco. El Tribunal le impuso tres años y diez meses de prisión por un delito de obstrucción a la justicia y coacciones sobre Álvaro Gijón.

Penalva y Subirán fueron condenados a nueve años y un día de cárcel por diferentes delitos, y de esa condena, un año y medio de prisión corresponden a coacciones sobre Gijón.

El TSJIB condenó al juez, fiscal y policías a indemnizar, conjunta y solidariamente, a Álvaro Gijón en la cantidad de 6.500 euros por daños morales.

Gijón se dio de baja del PP tras la detención de su hermano y sus padres en el ‘caso ORA’ en 2017. Lo hizo de forma voluntaria y manteniendo su inocencia. Siguió como regidor y diputado no adscrito hasta el final de la legislatura.

En relación a la condena por coacciones a Gijón, los magistrados del Tribunal Superior consideran que, el chat intervenido a los investigadores deja “patente y visible la pérdida de imparcialidad del juez y del fiscal en la llevanza de la instrucción, quebrantando así una de las garantías básicas y esenciales del proceso penal y de los derechos de los investigados, con el consiguiente efecto de poder viciar y contaminar toda la instrucción”.

La sentencia considera que, al margen del carácter discutible de los indicios de criminalidad y su potencialidad para llevar a cabo las detenciones y registros, es evidente que para efectuar los registros dispuestos no era “necesario ni proporcional” detener a los familiares del expolítico.

Para el Tribunal, “los acusados Miguel Ángel Blanco, Iván Bandera, Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán al practicar las detenciones de los padres y el hermano de Álvaro Gijón, pretendían ejercer presión sobre el político para que confesase haber participado en el amaño del concurso percibiendo una comisión por ello de un millón de euros y al tiempo influir negativamente en el ánimo de sus familiares detenidos para que facilitasen información que le pudiera incriminar”.