450 docentes de Baleares, un 2.69% del total, piden organizar asambleas contra las políticas “al servicio de la ultraderecha”

Un total de 454 maestros y profesores de 90 centros educativos públicos y concertados de Baleares han firmado una carta en la que instan a organizar asambleas en los centros “para frenar las políticas educativas al servicio de la ultraderecha”.

Esto supone un 2,69% del total de docentes con los que cuenta Baleares que, según datos del Govern Balear en 2023, ascendían a 16.870 docentes.

Según han explicado en un comunicado, la clara intención del texto, que no responde a ninguna entidad ni organización, es animar a los docentes a organizarse en asambleas de centro y aportar argumentos que ayuden a situarse respecto a la actual coyuntura educativa.

El texto no ha sido promovido por ninguna organización y, por lo tanto, no va acompañado de más acciones que las que se puedan desarrollar en cada centro por las asambleas que se organicen, han puntualizado.

Este llamamiento se publica, añaden, en un contexto en que ya hay escuelas e institutos en los que los docentes han mostrado públicamente su rechazo a las decisiones que se están tomando en materia educativa por parte del Govern.

El comunicado de los firmantes

Para el colectivo firmante se han recogido un “gran número de adhesiones” en apenas unos días -454 firmas de un total de 16.870 docentes-, lo cual para esta organización es “un termómetro de la preocupación que hay entre los docentes por las agresiones dialécticas que ha empezado a sufrir la escuela y los mismos docentes”.

En opinión del colectivo las imposiciones se han sucedido a lo largo de los años y se refieren, por ejemplo, al TIL, la ley de símbolos, el decreto de convivencia, el marcaje horario, los criterios de evaluación de la Lomloe y la digitalización.

Sin embargo, advierten que el acceso de la ultraderecha a las instituciones y su mensaje en los medios de comunicación ha convertido la educación, otra vez, “en campo de batalla”.

“De la mano de los intolerantes ha vuelto el discurso criminalizador de los docentes y las escuelas. Hemos sido testigos en los últimos meses de acusaciones de adoctrinamiento, de imposición e incluso de distribución de material pornográfico”, apuntan.

En este sentido, los firmantes consideran “irresponsable” la libre elección de lengua y el decreto de escolarización como los últimos episodios que están removiendo la cuestión. Los docentes creen, además, que el siguiente paso será el pin parental “como elemento de censura y de control”.