Las defensas del caso Exámenes han apelado este miércoles a la “falta de imparcialidad” del exfiscal Anticorrupción Ángel Subirán para plantear causas de nulidad, y han propuesto que testifique como testigo, pero el Tribunal ha rechazado su declaración.

El juicio por el presunto amaño de unas oposiciones de la Policía Local de Palma ha arrancado este miércoles por la mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares. La sesión se ha dedicado íntegramente al debate de cuestiones previas. Se prevé que el juicio ocupe varias semanas.

La vista ha comenzado con la retirada de la acusación a uno de los agentes investigados, Daniel Montesinos, al aceptar la Fiscalía que enjuiciarle vulneraría sus derechos porque durante la instrucción se le hizo declarar en varias ocasiones como testigo –con obligación de decir verdad– y como investigado.

FALTA DE IMPARCIALIDAD DE SUBIRÁN

La defensa del intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera, ha planteado como causa de nulidad la “falta de imparcialidad” del exfiscal Subirán, porque “reconoció la existencia de un asunto personal” relacionado con su defendido.

Según la letrada, existía “enemistad” e “inquina” de Subirán hacia Vera “por supuestamente no dar trámite a unas quejas que venía presentando Subirán a título personal”, y ello era motivo “suficiente para tener que inhibirse”.

En su momento se denegó la testifical de Subirán porque estaba siendo investigado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) en relación a la instrucción de la macrocausa, pero ahora ya ha recaído condena. Subirán, junto al juez Manuel Penalva y varios agentes de Blanqueo, fue condenado a nueve años de cárcel por obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos.

En esta línea, la abogada también ha sacado a relucir el chat intervenido entre el exfiscal, el juez y los agentes de Blanqueo para remarcar que “se desprendía enemistad sobre la práctica totalidad de los investigados”. Por ello cree que se ha “vulnerado el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia”.

La Fiscalía se ha opuesto a la alegación sobre la imparcialidad de Subirán remarcando que durante la instrucción Vera renunció expresamente a recusarlo.

Finalmente el Tribunal ha rechazado convocar a Subirán porque entiende que no es necesaria su declaración para resolver sobre la cuestión suscitada. Igualmente se ha opuesto a incorporar la macrocausa de la Policía Local completa, de más de 100 tomos, por no verle “utilidad”.

Por otro lado, está citado como testigo uno de los agentes de Blanqueo que fue condenado por el TSJIB junto a Subirán, pero ha excusado su asistencia por razones de salud. No obstante, el Tribunal le requerirá acreditar su situación.

Las defensas también han combatido determinadas pruebas por considerar que se obtuvieron de forma ilícita. En particular, impugnan el volcado de un ordenador, testificales de Montesinos y el modo en el que la Guardia Civil se hizo con el acta notarial que demostraba el amaño.

CASO EXÁMENES

Con la salida de Montesinos quedan en el banquillo seis personas, entre ellas excargos y funcionarios de la Policía Local de Palma, presuntamente implicadas el amaño en las pruebas de acceso al cuerpo municipal en 2012.

Entre los acusados figuran el exdirector general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo; el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera; el comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, y otros tres funcionarios de la Policía Local.

La Fiscalía sostiene que Calvo, Vera y Estarellas se concertaron para alterar el resultado del concurso y beneficiar a determinados agentes. Vera y Estarellas formaban parte del Tribunal del concurso y elaboraron siete de las diez preguntas de la prueba profesional.

Presuntamente, facilitaron un escrito con las respuestas a Calvo, que a su vez convocó a Montesinos a su despacho en el cuartel y le remitió las preguntas y respuestas en un correo electrónico. Después el mensaje fue reenviado a otros dos agentes investigados, que se presentaron a la prueba y sólo obtuvieron puntuación en aquellas siete preguntas.

Según las tesis de Fiscalía, el plan era lograr el ascenso de estos dos policías a oficial, y una vez conseguido, éstos posibilitarían que Montesinos obtuviera una plaza fija. De hecho, uno de ellos formaría parte del Tribunal que debía examinar al policía interino.

Paralelamente, Vera habría facilitado todas las preguntas y respuestas a un pariente, que obtuvo la puntuación máxima. Con todo, la Fiscalía no acusa a este último porque no consta que se hubiera concertado previamente para obtenerlas.

La Fiscalía pide condenas de un año y medio de cárcel e inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos, por delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.