El PSIB ha alertado este lunes de que la ley de transparencia impulsada por el PP y que se aprobará previsiblemente este martes en el pleno del Parlament, elimina el régimen sancionador, incrementando la sensación de impunidad, y convierte al Govern en juez y parte, al asumir la tramitación de quejas y reclamaciones en un departamento dependiente de la Conselleria de Presidencia.

En un encuentro con los medios, el portavoz adjunto, Marc Pons, y la diputada Pilar Costa, han subrayado que más allá de la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, medida destacada de la norma que este martes tendrá luz verde, la ley de transparencia y control de los cargos públicos de Baleares tiene otras derivadas que han llevado a los socialistas a estudiar la posibilidad de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

A grandes rasgos, los socialistas se han referido al hecho de que las declaraciones de bienes ya no serán públicas ni obligatorias, que se dejará de proteger el anonimato y que los expedientes nuevos y en tramitación pasarán a la Inspección General de Calidad, Organizacion y Servicios de la CAIB, dependiente de la Conselleria de Presidencia.

Pons y Costa han alertado igualmente de que la propuesta elimina la figura del responsable ya que el trabajo recaerá directamente sobre funcionarios y sobre el hecho de que si se eleva un recurso es la Mesa del Parlament la encargada de revolverlo en base a la mayoría política. También han avisado de que como siguiente paso se abriría la posibilidad de recurrir, en este caso ante un juzgado de primera instancia, cuando el encargado de dirimir cuestiones dimanadas del Parlament corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

De prosperar la ley, como es esperable, Baleares será la primera Comunidad Autónoma que elimine su Oficina Anticorrupción. Desde el PSIB, de este modo, critican que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se haya convertido en “abanderada” en este sentido.