El PSIB ha asegurado que el transporte público de Mallorca perderá cerca de 10 millones de pasajeros si no mantiene su gratuidad en 2025, por lo que ha exigido al Govern, al Consell y al Ayuntamiento de Palma que no retiren las aportaciones públicas para garantizar que los billetes sigan siendo gratis.
Así lo ha expresado este miércoles la portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, en una rueda de prensa en la que ha lamentado que el PP –que gobierna en las tres instituciones– “ya haya tomado la decisión de que los usuarios vuelvan a pagar por subirse al bus o al tren”.
La gratuidad del transporte público, que Cladera ha catalogado como una medida de “éxito”, se instauró en 2022 por iniciativa del Gobierno central y fue refrendada por el Govern, entonces presidido por Francina Armengol, con los fondos necesarios. En 2023, ha ejemplificado, los usuarios crecieron un 505 hasta los 85 millones.
De este modo, ha dicho la socialista, según las previsiones de las tres instituciones esta eliminación supondrá una caída de entre el 10 y el 15 por ciento de los usuarios, quienes dejarán de usar el transporte público “por motivos económicos”. Está previsto que 2024 cierre con un total de 95 millones de desplazamientos por esta vía.
A su juicio, esto demuestra que la presidenta autonómica, Marga Prohens, y el insular, Llorenç Galmés, “recortan derechos, servicios sociales y oportunidades” para aquellos que más necesitan tener libertad para desplazarse. También ha criticado que el Consell no se oponga a esta medida pese a que viene aconsejada en el estudio de carga de la red viaria.
Por todo ello, ha explicado, en el pleno del Consell de Mallorca de este jueves los socialistas presentarán una moción para reclamar que el transporte público siga siendo gratuito durante 2025. Una iniciativa, ha explicado el secretario de Movilidad del PSIB, pretenden llevar a todos los ayuntamientos de la isla.
También ha intervenido el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Palma, Xisco Dalmau, quien ha reprochado que el equipo de gobierno municipal “se dedique a rebajar impuestos a los más ricos y dejen de ingresar 11 millones de euros que se podrían emplear para sostener la gratuidad del transporte público”.
El regidor ha señalado que el gasto medio anual de una familia de cuatro integrantes en los autobuses de la EMT oscila entre los 1.100 y 2.000 euros.
Entre los colectivos que más se verán perjudicados por esta medida “clasista”, ha dicho, se encuentran las mujeres que “necesitan desplazarse entre seis y nueve veces al día” para trabajar, los estudiantes o aquellos con rentas más bajas.
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