Sumar ha pedido a la Fiscalía de Baleares que investigue al Govern por presunta prevaricación urbanística ante lo que consideran inacción frente a los pisos turísticos ilegales.

En un comunicado, la formación ha señalado que la falta de actuación de las instituciones autonómicas ante estas irregularidades podría constituir un presunto delito de prevaricación urbanística, según el artículo 320.1 del Código Penal.

Sumar ha recordado que el Gobierno central, a través del Ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, informó hace dos meses al Ejecutivo balear sobre la posible existencia de 7.000 pisos turísticos ilegales en las islas.

Aurora Ribot reclama intervención judicial

Ante esta situación, la Coordinadora Autonómica de Sumar en Baleares, Aurora Ribot, ha solicitado a la justicia que intervenga. “Es imprescindible que se investigue lo que podría constituir un presunto delito de prevaricación urbanística, ya que las autoridades han omitido la realización de inspecciones obligatorias, tal como exige la Ley”, ha afirmado.

Ribot ha criticado además dos hechos que agravan la situación de la vivienda en el archipiélago. Por un lado, apunta a la llamada amnistía urbanística, que ha permitido la legalización de numerosas construcciones irregulares; y por otro, su negativa a aplicar la Ley de Vivienda estatal.

Críticas a la presidenta del Govern y llamado a movilización

“Esta ley ya ha demostrado su eficacia en otras comunidades como Cataluña, donde ha logrado contener el alza de los precios y está expulsando a los fondos buitre. Sin embargo, en Baleares, la presidenta del Govern se niega a aplicarla, favoreciendo así a las inmobiliarias de lujo, de las que ejerce de comercial”, ha añadido.

Ribot ha hecho un llamamiento a la movilización social y ha animado a la ciudadanía a participar en las concentraciones convocadas para este sábado en defensa del derecho a la vivienda.