El grupo de VOX en el Consell de Mallorca ha anunciado que presentará una moción en el próximo pleno de la institución insular para exigir la exención total del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a todos los ciudadanos con residencia legal en España. El portavoz adjunto del grupo, David Gil, ha denunciado el carácter “discriminatorio” del tributo, al que califica como una “herramienta de recaudación encubierta”.

“El ITS, impuesto por los gobiernos autonómicos de izquierdas, no responde a criterios ecológicos reales, sino que ha servido para financiar proyectos ideológicos que nada tienen que ver con la sostenibilidad”, afirmó Gil en declaraciones a los medios. A su juicio, el impuesto supone una penalización directa tanto al turismo como a los propios ciudadanos españoles que se desplazan por el territorio nacional.

Críticas al uso de los fondos y a la gestión anterior

El portavoz de VOX ha recordado que este impuesto afecta especialmente a los residentes en Baleares, quienes ya contribuyen con su fiscalidad habitual a los servicios públicos. “Es inadmisible que un ciudadano de Mallorca tenga que pagar este impuesto al visitar Menorca, o que un español de cualquier parte del país afronte un recargo por alojarse en su propio país”, subrayó.

Asimismo, David Gil ha criticado la gestión del ITS durante el Gobierno liderado por Francina Armengol, afirmando que solo se ejecutaron proyectos por valor de 59 millones de euros, de los 480 millones recaudados desde 2017. La Sindicatura de Cuentas habría alertado, según Gil, del “descontrol y caos” en la administración del impuesto.

Propuesta concreta y base legal

VOX-Mallorca propone al Consell de Mallorca instar al Govern Balear a establecer una exención inmediata del ITS para todos los residentes legales en España. En caso de que no sea viable en origen, se propone habilitar un sistema de devolución o deducción del importe a través de la declaración del IRPF.

Gil asegura que esta medida cuenta con respaldo legal, ya que la Ley 2/2016 del ITS permite establecer exenciones o devoluciones de forma reglamentaria. “No hay justificación legal ni ética para mantener esta imposición que rompe el principio de igualdad recogido en el artículo 31 de la Constitución Española”, concluyó.